La policía de Córdoba y la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) han desnudo una inquietante realidad al descubrir un dron atascado en cables de alta tensión que transportaba 89 gramos de marihuana y 149 gramos de cocaína, aparentemente dirigido a la cárcel de Bouwer. Este incidente, ocurrido el 31 de octubre, no es un caso aislado, sino un síntoma de un problema más amplio que afecta a nuestro sistema penitenciario.

La captura del dron, atrapado en cables de la ruta 36, ??se produjo gracias a la alerta de una Patrulla Rural. El hallazgo pone de aliviar la ingeniosa, aunque peligrosa, manera en que los contrabandistas intentan eludir la vigilancia penitenciaria. El uso de drones para introducir drogas y otros objetos prohibidos en las cárceles ha escalado, con un incidente similar en agosto donde se intentó ingresar teléfonos celulares al mismo penal.

Este último caso se enmarca en un contexto más amplio de corrupción y descontrol dentro del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC). Las investigaciones recientes, que han resultado en la detención de altos mandos penitenciarios por supuesta complicidad en una asociación ilícita, indican que las irregularidades no son solo incidentes aislados, sino parte de un entramado más profundo de corrupción que permite el tráfico de drogas y objetos prohibidos. en las cárceles.

Lo que resulta aún más preocupante es el ataque violento en la prisión de Bouwer para mujeres, donde reclusas agredieron brutalmente a una compañera. Estos episodios no solo evidencian la falta de control dentro de los penales, sino también la necesidad urgente de reformas estructurales que aborden tanto la seguridad como la rehabilitación de los reclusos.

A medida que las autoridades continúan su investigación sobre estas redes de contrabando y corrupción, queda claro que el problema del narcotráfico en las cárceles de Córdoba es un desafío que va más allá de la simple vigilancia. Es un llamado a la acción para repensar la seguridad en nuestros centros penitenciarios y, sobre todo, para garantizar que la justicia prevalezca en un sistema que, hasta ahora, ha fallado en proteger tanto a los reclusos como a la sociedad en su conjunto.