Altos mandos de la policía bonaerense están bajo la lupa de la justicia debido a denuncias de corrupción relacionadas con la gestión de fondos en los Institutos de Formación de Berazategui.

Recientemente, se realizaron múltiples allanamientos, incluyendo uno en La Plata, como parte de una investigación sobre un supuesto esquema de corrupción en la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Estos operativos, dirigidos por una fiscalía de Berazategui, se centraron en veinte objetivos y revelaron irregularidades en los cursos de reentrenamiento obligatorios para los oficiales. Las acusaciones incluyen la venta de certificados falsos y el desvío de municiones, con cifras que podrían ascender a millones de pesos. La Superintendencia de Delitos Complejos de la Policía bonaerense, irónicamente, está a cargo de estos procedimientos, lo que ha generado dudas sobre la capacidad de la institución para autoinvestigarse.

El comisario general Leandro María Sarlo, superintendente de Institutos de Formación Policial, se encuentra en una posición comprometida y deberá rendir cuentas. Según la denuncia, se había establecido un sistema de recaudación ilegal donde los policías pagaban para no asistir a las jornadas de capacitación, aunque se les registraba como presentes. En las sesiones de tiro, por ejemplo, se anotaban cinco policías por turno como asistentes, aunque no estaban presentes, a un costo de ocho mil pesos por persona al mes.

Además, se denunció la recaudación ilegal mediante el desvío de municiones. Se estima que se desviaban quinientas municiones diarias, lo que representaría unos cuatro millones de pesos al mes.

El fiscal Daniel Ichazo, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1 Descentralizada de Berazategui, lidera la investigación, que ya ha resultado en la detención de al menos cinco personas. Durante los allanamientos, se incautaron municiones y otros elementos relacionados con las acusaciones.

Un incidente destacado durante los operativos fue la descompensación cardíaca de un instructor veterano de la fuerza, lo que subraya la gravedad y la tensión del caso. Aunque varios de los allanados eran tiradores deportivos y recargadores habilitados con la documentación en regla, se les confiscaron sus armas y municiones.

Este escándalo pone en evidencia la urgente necesidad de una supervisión más estricta y transparente dentro de la Policía Bonaerense para evitar futuros actos de corrupción.