La explosión ocurrida en la planta de Atanor en San Nicolás ha desencadenado una serie de preocupaciones ambientales y de salud en la comunidad local. Según informes de Greenpeace, los restos de Atrazina, un compuesto tóxico prohibido en la Unión Europea desde 2004 y restringido en Estados Unidos, fueron encontrados hasta a 350 metros a la redonda de la planta. Este incidente ha generado inquietud, especialmente en las zonas cercanas, donde se han detectado casos de cáncer con una incidencia significativamente mayor que en otras áreas.

Gabriel Godoy, residente del barrio Los Fresnos a 200 metros de la planta, relata cómo la explosión dejó una nube de polvo blanco altamente tóxico que cubrió gran parte de la ciudad. La falta de protocolos adecuados de seguridad aumentó la incertidumbre entre los residentes, muchos de los cuales se vieron obligados a permanecer encerrados en sus hogares durante la noche.

A pesar de los esfuerzos de limpieza posteriores, los residuos tóxicos persistieron en la zona, lo que preocupó a los habitantes locales y a organizaciones como Greenpeace. Aunque la planta fue clausurada temporalmente, la empresa busca reabrirla, lo que ha generado críticas por parte de la comunidad.

El abogado ambientalista Fabián Maggi denuncia la impunidad que rodea el caso, señalando la falta de acción por parte de las autoridades provinciales y la sospechosa relación entre un funcionario del Ministerio de Ambiente y una empresa con intereses en la zona industrial local. Los residentes temen que esta situación pueda allanar el camino para expandir la zona industrial hacia los barrios, algo que rechazan rotundamente.

En medio de estas preocupaciones, Greenpeace continúa exigiendo una investigación urgente sobre las causas y el impacto de la explosión, mientras que los residentes locales expresan su indignación y demandan medidas concretas para abordar la contaminación y proteger la salud de la comunidad.

Fuente: lapoliticaonline.com