Una reciente investigación realizada por la red federal RUIDO, en colaboración con Poder Ciudadano, ha sacado a la luz preocupantes prácticas de opacidad y falta de transparencia en las legislaturas de las 24 provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires. Entre los hallazgos se destacan la falta de datos sobre la contratación de empleados, la existencia de casos de "ñoquis", manejos poco claros del presupuesto y fondos reservados, y gastos protocolares sin rendición.
El informe revela que en muchas provincias, la información sobre el funcionamiento y el personal de las legislaturas está oculta al escrutinio público. En Tucumán, por ejemplo, la Corte Suprema provincial ha respaldado este secretismo al considerar que estos son "datos sensibles". Ninguno de los 49 legisladores tucumanos respondió a la solicitud de acceso a la información de RUIDO sobre los recursos y el personal de la Legislatura.
Casos de empleados "ñoquis" que cobran sin trabajar son recurrentes en varias provincias. Uno de los casos más notorios es el de Julio "Chocolate" Rigau en Buenos Aires, quien cobraba sueldos usando tarjetas de débito de al menos 50 personas registradas como empleados de la Cámara de Diputados. Situaciones similares se han denunciado en Catamarca, Entre Ríos, Jujuy, Santa Fe y Tucumán.
En Entre Ríos, un asesor del exdiputado Ricardo Troncoso denunció en 2018 que debía entregar parte de su sueldo al legislador, lo que desató el escándalo de los "contratos truchos", implicando un desfalco de unos 53 millones de dólares entre 2008 y 2018.
El informe también destaca incorporaciones masivas de personal, como en Chaco, donde en 2023 ingresaron 300 personas a la Legislatura. En San Luis, el exgobernador Alberto Rodríguez Saá creó 53 nuevos cargos políticos antes de dejar el cargo, los cuales fueron revocados por la nueva administración.
La falta de registro de asistencia del personal es otra preocupación. En la mitad de las legislaturas no hay sistemas de control de asistencia, y en las que existen, no siempre se utilizan de manera efectiva.
El secretismo en los gastos permite que algunos diputados provinciales cobren "doble salario". En San Luis, por ejemplo, los legisladores reciben módulos equivalentes a un salario bruto adicional cada mes, sin rendición de cuentas. En Jujuy, existe un régimen de fondos discrecionales para cada diputado desde hace 25 años.
En cuanto al número de asesores, solo en 11 de las 24 legislaturas se pudo conocer la cantidad por legislador, con cifras que van de 2 a 10 asesores. En Tierra del Fuego, la presidencia de la Legislatura puede designar hasta 68 asesores adicionales.
La investigación también encontró casos de contratación de familiares y allegados de políticos en varias provincias, como Chaco, Chubut, Entre Ríos y Mendoza. En Entre Ríos, se contrató a familiares del exministro de Gobierno Adán Humberto Bahl, con contratos retroactivos para asegurar su estabilidad laboral.
Respecto al presupuesto, en 19 legislaturas no fue posible determinar la partida asignada a los distintos bloques políticos. En provincias como Córdoba y Catamarca, los "gastos de bloque" y "subsidios" son discrecionales y no se rinden cuentas.
La investigación comenzó en febrero de 2024 con pedidos de acceso a la información pública sobre personal, salarios y gastos reservados. Solo tres legislaturas respondieron casi completamente: Córdoba, Santa Cruz y San Luis. Seis lo hicieron parcialmente y 15 no respondieron en absoluto.
Este trabajo pone en evidencia la falta de transparencia que prevalece en las provincias argentinas y subraya la necesidad de mejorar los aspectos de un poder estatal clave para la calidad democrática y ciudadana.
La investigación completa de RUIDO, apoyada por la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y la Fundación Federalismo y Libertad, puede consultarse en su sitio web.
Fuente: infobae.com
