En una reunión celebrada en Quilmes, que contó con la presencia de exfuncionarios de los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández, la Iglesia Católica emitió una contundente advertencia sobre las consecuencias de los recortes presupuestarios en los sectores más desfavorecidos.

"Recortar por los pobres es un pecado", afirmó Gustavo Carrara, obispo auxiliar de Buenos Aires y figura destacada entre los curas villeros, cercano al Arzobispo porteño Jorge García Cuerva.

En los últimos tres meses, la Iglesia ha transmitido varios mensajes al gobierno de Javier Milei, expresando preocupación por el impacto del plan de ajuste en los sectores más vulnerables, la demora en la distribución de alimentos por parte del Ministerio de Capital Humano, la estigmatización del trabajo de las organizaciones sociales en las villas y el avance del narcotráfico en los barrios.

Estos mensajes, que se han intensificado desde abril, reflejan las críticas a la gestión del gobierno libertario y subrayan la necesidad de que el Estado asuma un papel central en la asistencia a los más humildes.

Los curas, que trabajan directamente con familias afectadas por la pobreza y la adicción, ven la falta de intervención estatal como una amenaza creciente.

Durante la conferencia, Oscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y Carlos Tissera, titular de Cáritas, destacaron el avance del narcotráfico en los barrios más pobres.

Ojea señaló que "el narcotráfico crea un Estado dentro de otro Estado", describiendo cómo los narcotraficantes suplantan al Estado al ofrecer a los jóvenes reclutados una mejora temporal en su calidad de vida, aunque a costa de involucrarse en actividades criminales y peligrosas.

La Iglesia subraya que muchos curas están comprometidos en la recuperación y contención de jóvenes adictos, pero denuncian la falta de una acción estatal efectiva para frenar la propagación de las drogas. Observan graves deficiencias en la intervención de los gobiernos nacional, provincial y municipal.

Cada mensaje de la Iglesia lleva un sentido de urgencia, resaltando la pérdida de trabajos, la insuficiencia de alimentos, la desaparición del dinero y el aumento de la violencia que afectan a las familias más pobres.

La desintegración de estas familias preocupa profundamente a la Iglesia, que ve cómo las bandas de narcotraficantes reclutan cada vez más jóvenes en un contexto de creciente pobreza e indigencia.

El contexto social preocupa a la Iglesia, que lamenta la desarticulación del trabajo conjunto entre el Estado, las organizaciones sociales y la Iglesia en las villas. No se implementó un plan alternativo tras la interrupción de este esquema colaborativo.

Carrara enfatizó la necesidad de una "presencia inteligente y necesaria del Estado" para contrarrestar el avance del narcotráfico, que "hipoteca la vida de niños y adolescentes".

Esta declaración es un claro mensaje para un gobierno que desconfía de la intervención estatal. Javier Milei, en una de sus últimas entrevistas, expresó su intención de "destruir el Estado desde adentro".

La inseguridad y los problemas de adicción han aumentado significativamente, y muchas familias se sienten desprotegidas por un Estado ausente. Un sacerdote del conurbano bonaerense manifestó que "una de cada tres familias tiene algún problema de adicción". La Iglesia percibe que la gravedad de la situación está siendo subestimada.

El fin del plan FISU, que financiaba obras esenciales en los barrios más pobres, es visto como un ejemplo de esta falta de sensibilidad gubernamental. La Iglesia pide la reactivación de este programa, sujeto a auditorías.

La relación entre la Iglesia y el gobierno nacional es formal pero distante. La comunicación con el secretario de Culto, Francisco Sánchez, es limitada, reflejando las dificultades en la colaboración conjunta. La Iglesia sigue alzando su voz, mientras que el Gobierno mantiene una postura distante.