El Consejo de la Magistratura ha iniciado una investigación contra el juez federal n°4 de Rosario, Marcelo Bailaque, por presuntas irregularidades en su accionar que habrían beneficiado al conocido narcotraficante Esteban Alvarado en una de sus mayores causas judiciales. Durante la investigación, se descubrió que el magistrado contrató al hijo del contador de Alvarado, lo que genera aún más sospechas sobre su imparcialidad.
Esteban Alvarado, uno de los líderes criminales más notorios de Rosario, fue condenado en 2019 por el asesinato de un prestamista y por dirigir una organización ilícita vinculada al narcotráfico. Entre las empresas relacionadas con sus actividades ilegales se encuentra Logística Santino SRL, cuyo contador, Gabriel Mizzau, firmaba los estados financieros. Mizzau también gestionaba otras finanzas de Alvarado y, según rumores en el ámbito judicial, podría haber manejado finanzas para el propio Bailaque.
La situación del juez Bailaque se complica debido a que el hijo del contador, Sebastián Mizzau, ha trabajado en su juzgado desde 2017 sin haber pasado por un proceso de selección competitivo, según informó Germán de los Santos en La Nación. La relación entre el juez y el contador de Alvarado es de larga data, habiendo sido compañeros de secundaria y manteniendo reuniones frecuentes con amigos en común.
En declaraciones a La Nación, Bailaque afirmó que no sabía que Gabriel Mizzau manejaba las cuentas de Alvarado y que se enteró de esta relación a través de la consulta periodística. Mientras tanto, Sebastián Mizzau, quien se desempeñaba como sumariante en el juzgado, fue recientemente ascendido y ahora trabaja en el Tribunal Oral Federal N°3.
La denuncia contra Bailaque fue presentada en 2022 por varios fiscales provinciales que cuestionaron su desempeño en la causa de Alvarado. En 2013, Bailaque rechazó las solicitudes de intervención telefónica a la banda de Alvarado, lo que retrasó significativamente la investigación. Este retraso es uno de los puntos clave en el proceso iniciado contra el juez.
Los fiscales Marcelo Di Giovanni y Santiago Marquevich, responsables del pedido de intervención, lograron avanzar con la solicitud 11 meses después, en el marco de otra causa relacionada con el asesinato del narcotraficante Luis Medina. La demora en la autorización de estas intervenciones ha sido criticada por Emilio Lencina, jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Rosario.
Bailaque se defiende argumentando que actuó dentro de su rol de juez de Garantías, evaluando la solidez de las solicitudes de intervención. Asegura que aprobó la mayoría de las medidas solicitadas y que los fiscales no apelaron las decisiones desestimadas. Además, destaca que fue él quien procesó a Alvarado y llevó su caso a juicio, resultando en una condena de 15 años por narcotráfico en 2022.
Sin embargo, el propio contador de Alvarado gestionó la habilitación municipal de la empresa Sagrado Corazón de María SRL, vinculada a testaferros de Alvarado y mencionada en la causa que llevaba Bailaque.
El caso ha generado reacciones en el ámbito político y judicial. El diputado santafesino Carlos del Frade ha exigido explicaciones y pidió al juez que aclare su relación con Gabriel y Sebastián Mizzau, dados sus vínculos con Alvarado. Mientras tanto, el Consejo de la Magistratura sigue evaluando las posibles responsabilidades de Bailaque, en un proceso que podría resultar en sanciones o incluso en su destitución.
Fuente: infobae.com
