Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, ejecutó a 30 funcionarios públicos tras acusarlos de negligencia por no evitar los daños causados por inundaciones. Las lluvias intensas dejaron entre 4.000 y 5.000 muertos y más de 15.000 desplazados.
Los funcionarios fueron ejecutados bajo cargos de corrupción y fallas en el cumplimiento de sus deberes. Las ejecuciones, reportadas por medios surcoreanos, reflejan la estricta política de Kim Jong-un para mantener el control tras la catástrofe.
Las áreas más afectadas fueron la provincia de Chagang y la región fronteriza con China, donde las inundaciones destruyeron más de 4.000 edificios y 3.000 hectáreas de cultivos. Tras el desastre, Kim Jong-un destituyó a varios altos funcionarios del partido.
El dictador rechazó la ayuda internacional y trasladó a los desplazados a la capital, Pyongyang. Estimó que la reconstrucción de las zonas afectadas llevará entre dos y tres meses, mientras se incrementan las restricciones en el país.
En paralelo, el régimen intensificó las ejecuciones públicas para controlar la influencia cultural surcoreana. Un joven de 22 años fue ejecutado por consumir y distribuir contenido de Corea del Sur, reflejando la creciente censura en el país.
Kim Jong-un ha endurecido las restricciones contra cualquier influencia extranjera, especialmente la cultura surcoreana, en un intento de mantener el control ideológico sobre la población norcoreana.
