El caso Meta, que recientemente expuso una seria vulnerabilidad en el manejo de datos personales, ha encendido las alarmas sobre la urgente necesidad de actualizar la legislación argentina en protección de datos.

Este episodio, que incluyó la presentación de una denuncia histórica en julio de 2024, revela un patrón preocupante: el avance de las big tech parece ir más rápido que nuestra capacidad para regularlas.

La inacción legislativa, reflejada en la falta de actualización de la Ley 25.326, deja a millones de argentinos expuestos a un uso indiscriminado de su información personal.

A esto se suma la incapacidad de las autoridades para dotar a la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) de herramientas modernas que puedan enfrentar los desafíos de la era digital.

Si bien no se trata de frenar la innovación, resulta imperativo exigir un marco ético y legal que garantice la protección de derechos fundamentales. Brasil, con acciones contundentes como la suspensión de operaciones de IA y la imposición de sanciones millonarias, demuestra que regular no es sinónimo de frenar el progreso.

El silencio de Meta tras la denuncia presentada es más que un gesto de indiferencia; es un síntoma de una crisis de soberanía digital. En este contexto, la pregunta no es si debemos detener el desarrollo tecnológico, sino cómo aseguramos que dicho desarrollo se realice respetando principios éticos que protejan a la ciudadanía.

La sociedad argentina necesita decidir si está dispuesta a aceptar que el avance tecnológico se haga a cualquier costo o si, como Brasil, se comprometerá a integrar innovación y derechos en un modelo que priorice a las personas sobre las corporaciones. El tiempo apremia, y la construcción de un futuro digital ético no puede seguir siendo postergada.