El Ministerio de Defensa, liderado por Luis Petri, emitió una resolución (160/2024) en la que prohíbe el uso del "lenguaje inclusivo" en sus organismos y en las Fuerzas Armadas. Esta medida se fundamenta en la normativa constitucional y legal vigente, así como en el Diccionario para la Acción Militar Conjunta y el Glosario de definiciones y abreviaturas.

La resolución dispone que en el ámbito del Ministerio de Defensa y sus entidades asociadas se debe emplear el idioma castellano de acuerdo con las reglas establecidas por la Real Academia Española y los reglamentos militares vigentes.

Se establecen sanciones para aquellos que incumplan con la prohibición del uso de lenguaje inclusivo en estos ámbitos, advirtiendo que el incumplimiento de la normativa puede acarrear responsabilidades. Además, se determina que las autoridades competentes en cada área deben tomar medidas de difusión y capacitación sobre el contenido de la resolución, a fin de garantizar su cumplimiento en todos los niveles.