El cierre definitivo de la planta de Dass en Eldorado, con 150 operarios despedidos, no es un hecho aislado. Es el síntoma de un proceso sistémico de desindustrialización en Argentina.Tras el cierre de su planta en Coronel Suárez a inicios de 2025, esta decisión empresarial confirma una realidad dolorosa. Producir en el país se ha vuelto inviable bajo el actual esquema económico.

La combinación de una agresiva apertura importadora, la apreciación cambiaria y el desplome del consumo interno ha alterado los incentivos fundamentales. Producir es ahora una carga financiera insostenible. El daño no termina en los empleos directos. El cierre de una fábrica activa una cadena de desempleo indirecto que devasta la economía local.

Cuando una planta de esta escala cierra, se destruye un núcleo vital. Desaparecen servicios de transporte, logística, mantenimiento y gastronomía. Además, se genera un efecto multiplicador negativo sobre el comercio minorista. Estos negocios dependen del poder adquisitivo de los trabajadores industriales para subsistir.

En ciudades como Eldorado, la fábrica funciona como el motor de un ecosistema de proveedores PyMEs. Al perder a su cliente principal, estas pequeñas empresas enfrentan la quiebra o despidos masivos.

Esta dinámica golpea con mayor saña a las PyMEs. A diferencia de las grandes corporaciones, que pueden reordenar sus cadenas de valor e importar productos terminados desde Asia o Brasil, las empresas pequeñas carecen de esa flexibilidad.

Para las PyMEs, el combo de recesión, suba de costos y competencia desleal con importados es una sentencia definitiva. El Estado, al retirar los mecanismos de protección, ha dejado a la industria a la intemperie.

Estamos ante una transferencia masiva de valor desde el trabajo argentino hacia el exterior. Al priorizar el precio de los bienes finales, se sacrifica la capacidad productiva nacional. El resultado es un país que, en lugar de agregar valor, se convierte en un simple consumidor de excedentes extranjeros.

La desindustrialización no es una fatalidad inevitable. Es la consecuencia de una política que ha decidido que la industria nacional —con todo su ecosistema laboral y social— sea un costo que el modelo ya no quiere pagar.

Si la política actual persiste, casos como el de Dass dejarán de ser noticias aisladas. Se convertirán en la nueva y desoladora normalidad nacional.