Bajo el cínico eufemismo de “favorecer la baja de precios y ampliar el acceso”, la administración de Javier Milei consumó un nuevo golpe al bolsillo y a la salud pública de los argentinos. Mediante una flexibilización digitada por la ANMAT, diez principios activos esenciales pasaron a la categoría de venta libre, despojando al pueblo de un derecho elemental: la cobertura obligatoria de obras sociales y prepagas.

Esta medida no representa una conquista de libertad económica, sino una fenomenal transferencia de recursos a favor de los grandes laboratorios y un abandono explícito del Estado en su rol tutelar. Al eliminar la exigencia de la receta médica, el Gobierno desprotege al consumidor, quitándole la red de contención económica que significaban los descuentos obligatorios en farmacias —habitualmente de entre el 40% y el 70%— en un contexto de inflación feroz y salarios pulverizados.

El relato libertario de la libre competencia choca brutalmente con la realidad cotidiana de las familias argentinas, que ahora deberán afrontar el costo íntegro de tratamientos básicos para alergias, dolencias estomacales, afecciones respiratorias y oculares. Lejos de democratizar el acceso, la desregulación mercantiliza la enfermedad y deja a los sectores más vulnerables a merced de la especulación empresaria, exponiendo a la población a la automedicación irresponsable sin el riguroso filtro profesional que garantizaba el sistema anterior.

Listado de medicamentos desregulados, indicaciones y marcas comerciales en Argentina

Mientras Javier Milei celebra en sus redes cada estadística dibujada y se refugia en delirios mesiánicos de redes sociales, su "libertad" se reduce al derecho patronal de dejar al pueblo sin anestesia ni descuento. Al final del día, la motosierra no cortó a la casta; amputó el derecho elemental a respirar, curarse y vivir sin miedo a enfermarse, demostrando que para este gobierno insensible, la vida de los argentinos no es más que un daño colateral en el altar del equilibrio fiscal y la codicia corporativa.