El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, encarna un modelo de ejercicio del poder donde los límites institucionales se desdibujan. Lejos de tratarse de hechos aislados, las investigaciones que giran en torno al jefe comunal exponen un patrón oscuro de control territorial, manejo discrecional de los recursos públicos y protección corporativa.

Por un lado, el expediente judicial que lo empuja inexorablemente hacia el banquillo de los acusados —tras revocar maniobras de impunidad y sobreseimientos exprés— detalla la denuncia por abuso sexual y desobediencia impulsada por su exsecretaria privada, Melody Rakauskas. Una acusación de extrema gravedad institucional donde se ventiló además el uso espurio de estructuras, vehículos oficiales y personal municipal para hostigar a la víctima.

Pero el prontuario financiero y administrativo no se queda atrás. A las sombras del municipio se suma la causa caratulada como “Relación Espinoza – Orsingher – Salazar”, tramitada en el Juzgado de Morón, que sacó a la luz una presunta red de recaudación ilegal paralela.

Con escuchas legales y testimonios que apuntaban a cúpulas policiales, la trama expuso cómo operaban los negociados oscuros, la asignación de horas coimas y hasta la utilización de móviles oficiales en secuestros extorsivos.

Un ex remisero devenido en barón del conurbano que acumuló un patrimonio multimillonario de dudosa trazabilidad mientras maneja presupuestos gigantes, un distrito enorme, cada día más pobre y anandonado y un poder político, una Justicia y una población que miran para otro lado. DESPUÉS SE PREGUNTAN POR QUÉ GANÓ UN ENERGÚMENO UNINEURONAL COMO MILEI, con una motosierra en la mano y predicando la venta de órganos.

Formalmente, la causa no cuenta con una sentencia firme de condena ni un cierre definitivo con resolución de mérito juzgada, sino que se trató de un expediente que quedó cajoneado, inactivo o paralizado durante años, debido a la falta de impulso procesal y de respaldo político en su momento, pero ahora comenzó a moverse nuevamente.

A esto se le suma el escándalo económico en el fuero federal por la clausura arbitraria del centro logístico de Mercado Libre en Tapiales, un freno ideológico y discrecional que provocó un perjuicio estimado en 75 millones de dólares y pulverizó 2.300 puestos de trabajo genuinos para los matanceros.

La pregunta duele y exige respuestas urgentes: ¿Hasta cuándo la política corporativa seguirá blindando a personajes de este calibre? ¿Cómo tolera la ciudadanía que alguien acorralado por la justicia penal y el desvío de fondos siga sentado en un sillón de intendente, administrando los destinos de millones de argentinos? La impunidad no es un accidente del sistema: es una complicidad colectiva que urge desbaratar.