El municipio de General Lavalle amaneció envuelto en un tsunami de corrupción tras revelarse que decenas de vecinos figuran cobrando subsidios sociales de carácter fantasma. La maniobra administrativa expone cómo la utilización trucha de datos personales destruye la confianza pública mientras los funcionarios se lavan las manos y se llenan los bolsillos.

Los damnificados descubrieron la jugada sucia al leer los decretos publicados online, asegurando categóricamente que jamás vieron un solo peso de esa supuesta asistencia económica municipal. ¿Dónde quedaron los comprobantes de cobro? es la pregunta que retumba en los pasillos de la intendencia que conduce Nahuel Guardia.

La plata del Estado salía directamente de la secretaría liderada en su momento por Natalia Loureiro, quien hoy ostenta el codiciado cargo de tesorera municipal. El manejo discrecional de la caja demuestra que el desvío de fondos opera ("con total impunidad y soberbia de poder") bajo las barbas del propio intendente radical Nahuel Guardia.

Mientras la indigencia golpea a los vecinos reales, el municipio dilapida millones de pesos en supuestas ayudas individuales de carácter unipersonal. Este obsceno esquema de desvío deja a los sectores vulnerables a la intemperie mientras los operadores de turno arman su propia fiesta financiera y se hacen ricos a costa de la pobre gente sin recursos a la que dicen ayudar y en realidad roban.

El modus operandi remonta a los peores años del escándalo de falsos aportantes que salpicó a la exgobernadora María Eugenia Vidal en toda la Provincia de Buenos Aires. La abogada Rajoy, asesora legal del distrito, replicaría métodos oscuros de la vieja política para maquillar vaciamientos de arcas públicas en la región.

La sombra de los subsidios truchos ya tiene antecedentes pesados en la Quinta Sección Electoral, vinculados a figuras como Flavia Delmonte y su paso por el poder local. Las maniobras con padrones y datos robados funcionan como un engranaje mafioso que cruza distintos partidos sin importar el color político.

Ante semejante desborde de ilegalidad, surge el interrogante sobre el rol de control que supuestamente deben ejercer los representantes del pueblo en el recinto deliberativo. ¿El presidente del Concejo Deliberante, Luciano Garcia, jamás leyó los decretos o decidió mirar para otro lado por conveniencia?

El silencio cómplice de los ediles frente a este saqueo sistemático convierte al cuerpo legislativo en una simple pantalla de cartón pintado. Los vecinos se preguntan quién es el Chocolate Rigau local que maneja los hilos de esta caja negra municipal en el distrito.

La respuesta de las víctimas no tardó en llegar a los tribunales mediante la presentación formal de múltiples recursos de hábeas data contra el municipio. Esta garantía constitucional busca exigir la rectificación de datos consagrada en el artículo 43 de la Constitución Nacional y regulada por la Ley 25.326.

La falta de responsabilidad estatal frente a estos actos administrativos fraudulentos deja al desnudo la degradación institucional que azota a la provincia. Si la justicia no frena este atropello, el vaciamiento de las arcas públicas seguirá financiando los privilegios de una casta que parasita al Estado, con el intendente Nahuel Guardia a la cabeza.

^{LOS MÁXIMOS RESPONSABLES: el intendente Nahuel Guardia junto a Isabel Dolores Rajoy, la secretaria de Legal y Técnica del municipio de General Lavalle, quien acompaña en rúbrica todos los decretos.}

Lo que tenés que saber sobre los subsidios truchos en General Lavalle

• El destape: Vecinos descubrieron en el Boletín Oficial que figuran cobrando subsidios que jamás solicitaron ni recibieron.

• La ruta del dinero: Los fondos salieron de la Secretaría de Calidad de Vida, manejada entonces por la actual tesorera Natalia Loureiro.

• La respuesta judicial: Damnificados presentaron recursos de hábeas data amparados en la Constitución Nacional para barrer con el uso ilegal de sus datos.