El Congreso de la Nación amaneció convulsionado tras confirmarse que las fuerzas de seguridad habrían recurrido a métodos ilegales y clandestinos durante la cobertura de las últimas protestas sociales en la Ciudad de Buenos Aires.

La causa judicial que tramita en los tribunales federales dio un vuelco determinante al identificar con precisión al comisario Gustavo Gauna, un alto jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), operando de civil y disparando contra los manifestantes en medio de los incidentes desatados en la marcha contra la ley de tierras.

Las pruebas fotográficas y los registros en video incorporados al expediente dejaron al descubierto una modalidad operativa sin insignias oficiales. Las imágenes que muestran al jefe policial armado en medio del tumulto provocaron un cimbronazo que salpica de lleno la conducción de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, poniendo en duda la legalidad de los protocolos aplicados en el espacio público.

Citación a Alejandra Monteoliva e investigación por espionaje

Ante la gravedad institucional de los hechos, bloques opositores en la Cámara de Diputados acordaron avanzar de forma expedita con la citación de la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

La funcionaria deberá concurrir de manera urgente a las comisiones parlamentarias para brindar explicaciones detalladas sobre la presencia de agentes encubiertos, la presunta existencia de zonas liberadas y las acusaciones sobre espionaje ilegal desplegado sobre organizaciones sociales y ciudadanos indefensos.

La falta de respuestas oficiales sólidas frente a los registros audiovisuales deja a la administración nacional al borde de una severa crisis parlamentaria, en un contexto donde el accionar de las fuerzas de seguridad se encuentra bajo la lupa estricta del Poder Judicial y de la opinión pública.

Las claves del escándalo policial

• Jefe policial expuesto: El comisario Gustavo Gauna fue identificado disparando a mano armada y vestido de civil durante una protesta.

• Pruebas irrefutables: Registros fotográficos y audiovisuales sirvieron como base para el avance de la causa en la Justicia Federal.

• Interpelación en marcha: La oposición en el Congreso citará a Alejandra Monteoliva para que dé explicaciones sobre la infiltración y el espionaje.

• Modus operandi denunciado: Agrupaciones sociales afirman que el uso de agentes encubiertos busca provocar disturbios para justificar la represión.

• Costo político: La conducción del Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich queda en una posición de extrema debilidad institucional.