El paso de Jorge Macri por la función pública —primero como intendente blindado en Vicente López y hoy como Jefe de Gobierno porteño— desnuda un sistema donde el Estado funciona como un mecanismo de transferencia de fondos públicos hacia los intereses privados de la familia.

La radiografía de esta matriz de opacidad tiene su caso testigo en la contratación directa de la firma Treos Investments S.A. (concesionaria oficial Toyota ubicada en Vicente López). La empresa tenía como presidenta a Daniela Macri - hermana del propio intendente, integrante de la tradicional familia empresaria y figura clave en el engranaje societario del clan- mientras que los registros oficiales del Boletín Oficial comprobaron que el mandatario había integrado el directorio de la compañía en el pasado a través de participaciones cruzadas.

Lejos de someter la adquisición a una licitación pública que garantizara transparencia y precios competitivos para los vecinos, la administración municipal canalizó la compra de una flota de 20 camionetas Toyota Hilux para las Patrullas Municipales mediante la Orden de Compra N° 3667 (del 8 de octubre de 2014) y los decretos N° 3870 y N° 4192.

Ante esta operación que violaba de forma directa el artículo 6 de la Ley Orgánica de las Municipalidades —el cual prohíbe contratar con familiares directos—, el entonces concejal socialista Carlos Roberto formalizó un duro pedido de informes. La respuesta del oficialismo fue la censura institucional: la iniciativa fue bloqueada en el recinto gracias a la mayoría automática que el espacio político detentaba en el Concejo Deliberante.

Este modus operandi de negocios cruzados no quedó anclado en el conurbano. Al recalar en la Ciudad de Buenos Aires, el mandatario replica idénticas prácticas a una escala multimillonaria. Informes recientes de ejecución presupuestaria y contrataciones revelan la adjudicación de millonarios convenios a firmas proveedoras históricas de su paso municipal —como el caso de empresas ligadas a la obra pública y provisión de servicios que facturan cifras siderales en pocas semanas mediante licitaciones a medida— (En unos días saldrá a la luz una nueva investigación con toda la documentación que está llegando a Primera Página). El traslado de esta matriz a CABA demuestra que la opacidad no fue una excepción territorial, sino su método preferido de gobierno.

Años más tarde, la estructura societaria original reapareció en los radares de la Justicia Federal en expedientes orientados a investigar posibles maniobras de lavado de activos y canalización de fondos ilícitos, un fantasma patrimonial que se suma al departamento en Miami comprado a través de sociedades offshore y cuyo blindaje judicial fue deshecho por la propia Corte Suprema.

• ¿Hasta cuándo los contribuyentes continuarán financiando con sus impuestos a funcionarios investigados por enriquecimiento ilícito y causas de lavado reabiertas por la Corte?
• ¿Es tolerable que los mecanismos de control institucional tanto en los municipios como en CABA sigan supeditados a licitaciones opacas y pactos de impunidad partidaria?
• ¿Qué clase de estándar ético sostiene a un dirigente que confunde descaradamente la caja del Estado con el patrimonio de su propia familia?

La fachada de gestión moderna y austeridad cosmética se derrumba al primer contacto con los expedientes. Jorge Macri no administra para la ciudadanía; encarna un modelo feudal donde los despachos oficiales son el botín de una casta que convirtió el nepotismo y los negociados oscuros en su verdadera doctrina de gobierno. La impunidad de los privilegios ya no se oculta: se investiga, se documenta y se condena ante los ojos de una sociedad que le exige, de una vez por todas, rendición de cuentas a la república de los primos.