Un escándalo de proporciones institucionales y legales sacude a la comuna de General Lavalle. , hace poco este medio dio a conocer una noticia sobre el intendente Nahuel Guardia por sus desmenajos usar decretos de "ayuda económica" para pagar trabajos precarios.

Vecinos de la localidad denunciaron que sus nombres y datos personales aparecen publicados en el Boletín Oficial municipal como receptores de decretos de "ayuda económica por bajos recursos".

Sin embargo, los damnificados aseguran que jamás tramitaron ni percibieron asistencia humanitaria, sino que realizaron trabajos operativos ordinarios para el municipio que fueron abonados de forma irregular.

Tras los primeros reclamos, desde el área de Desarrollo Social municipal —conducida por Natalia Loureiro— intentaron justificar las irregularidades alegando que se utilizaron informes sociales para "blanquear y regularizar" pagos parciales por labores precarias desempeñadas meses atrás. La explicación encendió las alarmas de especialistas en derecho administrativo y penal, al confirmar el uso de herramientas de contención de la indigencia para encubrir relaciones laborales formales.

Implicancias penales y violación a la Ley de Contrato de Trabajo

El caso configura severas infracciones al Código Penal argentino y a la legislación laboral. Al declarar a un ciudadano en situación de extrema vulnerabilidad económica para justificar una transferencia, la comuna habría incurrido en falsedad ideológica al insertar datos falsos en un documento público.

Asimismo, se señala la comisión de malversación de caudales públicos, al desviar partidas destinadas a la emergencia social para financiar gastos corrientes de personal municipal.
 

La atención judicial y política se enfoca sobre la totalidad de los decretos firmados durante la gestión del intendente Nahuel Guardia. Mientras los damnificados reúnen comprobantes bancarios, mensajes de texto y decretos rubricados para sostener sus presentaciones, la comuna queda expuesta a un multimillonario pasivo judicial por fraude laboral acumulado.

Las claves de la denuncia en General Lavalle

• Identidades vulneradas: Pobladores locales descubrieron en el Boletín Oficial que figuraban percibiendo subsidios por indigencia sin haberlos pedido.

• Relación encubierta: Los supuestos beneficios eran utilizados para abonar contraprestaciones de trabajo precario sin aportes ni ART.

• Funcionales señalados: Las miradas apuntan al intendente Nahuel Guardia y a la titular del área de Desarrollo Social, Natalia Loureiro.

• Delitos imputables: La maniobra encuadra en malversación de fondos públicos, falsedad ideológica y fraude a la administración.

• Consecuencia financiera: La acumulación de demandas por empleo encubierto podría desestabilizar las arcas del municipio.