La reciente irrupción de la Justicia Federal y de la Policía Federal Argentina (PFA) en el corazón del municipio de Ezeiza no representa una simple irregularidad administrativa; expone una peligrosa estructura de impunidad y degradación institucional. Mientras la Dirección de Tránsito municipal funcionaba como una gestoría clandestina al servicio del hampa, el intendente Gastón Granados opta por el silencio, evidenciando una absoluta falta de control político.

Lo que aquí se destapó no es un descuido burocrático, sino la entrega deliberada de los resortes del Estado local para blindar a organizaciones narco y bandas de piratas del asfalto.

Un esquema diseñado para proteger al hampa

La investigación judicial dejó al descubierto cómo operaba esta red delictiva, que comercializaba licencias de conducir apócrifas a través de plataformas digitales como WhatsApp y Facebook. El perfil de los beneficiarios de este sistema paralelo es alarmante:

• Narcotraficantes: Individuos con causas abiertas por comercialización de estupefacientes que necesitaban circular libremente sin levantar sospechas en las rutas.
• Piratas del asfalto: Miembros de organizaciones criminales dedicadas al robo violento de cargas.
• Conductores inhabilitados: Sujetos con antecedentes penales graves o registros suspendidos por acumulación masiva de infracciones viales.

Para lograr este cometido, la banda utilizaba domicilios de pantalla y maniobras de cambio de radicación, logrando eludir por completo los controles médicos, técnicos, teóricos y biométricos obligatorios que exige la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Que este entramado haya podido operar dentro de oficinas estatales demuestra una complicidad interna inadmisible, donde empleados infieles actuaron como cómplices necesarios de la criminalidad organizada.

La negligencia política como norma

Es inadmisible que un municipio clave en materia de seguridad estratégica del conurbano bonaerense se convierta en una sucursal del delito. La responsabilidad política de esta situación no puede delegarse ni diluirse en empleados subalternos: recae de manera directa sobre la cúpula del Ejecutivo municipal liderada por Gastón Granados.

La justicia investiga el grado de connivencia y los posibles retornos económicos que recibían los funcionarios o administrativos encargados de validar los datos en los sistemas municipales de Ezeiza, dejando en absoluta evidencia la podredumbre, la complicidad criminal y la oscura protección política que encabeza sin escrúpulos Gastón Granados.

Entregar licencias de conducir sin ningún tipo de control a criminales peligrosos convierte al Estado local en un socio activo del delito. Cada registro apócrifo emitido bajo esta gestión es un cheque en blanco firmado para que el narcotráfico y la piratería del asfalto circulen con total libertad, poniendo en riesgo latente la vida de los vecinos de Ezeiza y de toda la provincia. La inacción, el encubrimiento tácito y la falta de auditorías internas transforman a la administración municipal en un refugio de impunidad que la justicia federal debe desmantelar hasta las últimas consecuencias.