Lo que la propaganda oficialista supo vender como un hito de la gestión sanitaria durante la pandemia de COVID-19 se ha convertido en una postal dantesca que sintetiza el desprecio por la salud pública y la desidia administrativa.

En el municipio de Pilar, el megapredio que albergó a 12 consultorios y en el que se aplicaron más de 440.000 dosis de vacunas hoy es un depósito abandonado y colmado de residuos patológicos, jeringas usadas, ampollas sin descartar y expedientes con datos sensibles dispersos por el suelo.

La responsabilidad política salpica en forma directa al gobernador Axel Kicillof, a su ministro de Salud Nicolás Kreplak y al intendente local Federico Achával, quienes montaron una estructura estatal sobre un predio de origen sumamente cuestionado para luego desentenderse de su desmantelamiento seguro, dejando a los vecinos expuestos a un verdadero peligro biológico.

Un foco infectocontagioso a la intemperie: En lugar de realizar una evacuación ordenada de los insumos de salud, las autoridades provinciales y municipales dejaron tirados miles de componentes sanitarios y carpetas oficiales, mostrando un desprecio total por los protocolos básicos de bioseguridad.

Un predio cruzado por el narcotráfico y el oportunismo político

El inmueble sobre el cual Kicillof y Achával decidieron montar el show del vacunatorio modelo tenía un origen por demás turbio. Se trataba de un ambicioso emprendimiento inmobiliario impulsado por Mateo Corvo Dolcet que quedó frenado en 2017 tras una causa por lavado de dinero vinculado a carteles del narcotráfico colombiano.

Sin importar la precariedad jurídica del bien, el Estado provincial y la comuna utilizaron el espacio durante la emergencia sanitaria. Sin embargo, cuando la Justicia ordenó restituir la posesión de la propiedad en 2025, la reacción de los funcionarios bonaerenses consistió en cruzarse de brazos, echarle la culpa al Poder Judicial y dejar todo el material médico librado a su suerte dentro del inmueble.

Las claves de un desastre sanitario y administrativo

• Peligro para la comunidad: Toneladas de insumos médicos usados, jeringas y ampollas quedaron al alcance de cualquiera, violando todas las normas sobre tratamiento de residuos patogénicos.

• Vulneración de datos personales: En el suelo del predio descansan documentos e historias clínicas de los ciudadanos que acudieron a vacunarse, expuestos a la intemperie.

• Complicidad municipal: La intendencia de Federico Achával se desentendió de la custodia de los insumos alegando impedimentos de ingreso tras el fallo judicial, en lugar de gestionar una autorización de emergencia para retirar el material.

• Fuga de responsabilidades: Tanto Carlos Bianco como Nicolás Kreplak calificaron mediáticamente al lugar como un "edificio narco" para ocultar la incapacidad técnica y operativa de su propia gestión a la hora de preservar la salud de los bonaerenses.

Cero gestión, 100% riesgo para los vecinos

El episodio del exvacunatorio de Pilar demuestra la matriz de funcionamiento del oficialismo provincial: despliegue escénico para las fotos oficiales y un abandono absoluto una vez que las cámaras se apagan.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Pilar convirtieron lo que debía ser un espacio de cuidado en un basurero infectocontagioso.

La falta de un plan de contingencia para recuperar el equipamiento y los insumos médicos pone en evidencia la negligencia con la que Kicillof, Kreplak y Achával administran los recursos y la seguridad de la ciudadanía.