El megaoperativo de la División Antifraude de la Policía Federal Argentina, ordenado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de María Servini, dejó al desnudo un escándalo sin precedentes en el partido de General San Martín. Una organización criminal sofisticada operaba con total impunidad desde un bar ubicado a escasos metros de la Dirección de Tránsito municipal, comercializando licencias de conducir y DNI oficiales pero con datos falsos.

Esta red delictiva, que logró confeccionar unos 200 documentos apócrifos, funcionaba como un salvoconducto para delincuentes, prófugos y conductores inhabilitados por antecedentes penales graves o acumulación de infracciones. Mediante el uso de domicilios pantalla, como una dirección inexistente en la calle Azopardo de Billinghurst, la banda garantizaba la obtención de registros sin pasar por ningún tipo de control médico, técnico ni biométrico obligatorio. Exáctamente lo mismo pasó en Ezeiza, dónde el investigado es Gastón Granados.

La gravedad institucional escaló a niveles insostenibles cuando los procedimientos federales terminaron con la demora preventiva de los 39 empleados de la Dirección de Tránsito local y el secuestro de más de 50 teléfonos celulares. El operativo culminó con 11 detenidos, además del decomiso de legajos, hojas de ruta con turnos programados y dispositivos electrónicos que evidencian una logística comercial tan aceitada como corrupta.

Frente a este panorama desolador, la responsabilidad política del intendente Fernando Moreira queda crudamente expuesta ante los ojos de toda la comunidad. No se puede hablar de un simple desvío de conducta de empleados infieles cuando una estructura mafiosa opera a metros del palacio municipal bajo un esquema de descontrol absoluto y evidente negligencia estatal.

Mirar para otro lado, vaciar de controles las dependencias comunales y minimizar la gravedad de un circuito que puso en peligro la vida de miles de vecinos convierte a la gestión local en cómplice por omisión. San Martín no puede seguir siendo un territorio liberado para las mafias documentales, y el intendente Moreira tiene la obligación ineludible de dar explicaciones públicas y asumir el costo político de semejante degradación institucional.