La máscara de barón feudal intocable se desmorona de manera definitiva bajo el peso nauseabundo de una causa que desnuda la peor cara de la política: un operador acostumbrado a usufructuar el aparato estatal de La Matanza como su coto de caza personal, hoy acorralado y procesado por abuso sexual simple y desobediencia judicial. La radiografía de este expediente judicial es el testimonio más repugnante de un poder que intentó pisotear la dignidad de una trabajadora, utilizando chicanas, complicidades corporativas y maniobras de desgaste para consagrar la impunidad de un depredador serial.

El núcleo de la ignominia se remonta al 10 de mayo de 2021, fecha en que la entonces secretaria privada Melody Rakauskas fue emboscada en su propio departamento por el intendente, quien bajo el pretexto de una reunión laboral intentó someterla por la fuerza. Lejos de garantizar una pesquisa con perspectiva de género, los pasillos de la fiscalía se convirtieron en una trampa contra la víctima: la fiscal Mónica Cuñarro y el fiscal general Mauricio Viera operaron abiertamente para pedir el sobreseimiento del imputado, desoyendo deliberadamente las pruebas digitales, los entrecruzamientos de llamadas y los chats que demostraban el hostigamiento sistemático y la violación de las medidas perimetrales.

La maquinaria de encubrimiento escaló de forma vergonzosa en los estrados del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16. Aprovechando la renuncia sucesiva de los abogados de la querellante (como Marcelo Urra y Martín Sarubbi), la jueza Inés Cantisani instrumentó una maniobra exprés: le exigió a Rakauskas la designación de un nuevo patrocinio en un plazo insólito de 72 horas en la previa de la feria judicial. Ante la evidente "indigencia letrada" y situación de vulnerabilidad extrema, la magistrada la expulsó del expediente y decretó un sobreseimiento express que olía a podrido desde los cimientos.

Sin embargo, el asco institucional generado por semejante fallo encontró un muro en la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal. Los jueces Horacio Días y Alberto Huarte Petite —con la disidencia aislada de Pablo Jantus— destrozaron aquella farsa jurídica, calificándola de "arbitraria", y reincorporaron formalmente a Rakauskas al proceso de la mano de su nuevo letrado, Ignacio Fernando Barrios. Con los antecedentes confirmados previamente por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y el posterior rechazo de la queja por parte de la Corte Suprema de Justicia (firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti), el blindaje se desintegró por completo.

Hoy, las declaraciones públicas de la víctima y las carpetas del expediente marcan una sentencia inapelable contra la soberbia del imputado. Con la orden categórica de la Cámara de Casación de elevar el expediente a debate oral "a la mayor brevedad", a Fernando Espinoza se le terminaron las coartadas políticas; el abusador de despachos públicos ya no es el mandamás intocable, sino un harapo arrinconado que deberá mirar de frente al banquillo de los acusados para rendir cuentas por la cloaca en la que convirtió su poder.