La causa tramita por presunta infracción a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. El operativo confirma y agrava el escenario que Primera Página había revelado nueve días atrás: mientras Cecilio Salazar intenta explicar una deuda de $3.666 millones con Ashira y una crisis municipal que no encuentra piso, la basura que su administración debía gestionar terminó convertida en evidencia de una investigación federal. 

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Primera Página lo había advertido: el basural ya era una bomba

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Hace apenas nueve días, Primera Página reconstruyó el cuadro crítico que atraviesa el municipio bonaerense de San Pedro, después de más de una década de administración desastrosa de Cecilio Salazar Cáceres.

Una deuda multimillonaria con la empresa recolectora Ashira. Conflictos salariales, sanciones del Tribunal de Cuentas, denuncias acumuladas a lo largo de los años. Y, en medio de todo aquello, un problema ambiental que empezaba a adquirir una dimensión mucho más peligrosa: el basural de La Tosquera.

La investigación publicada por este medio el lunes 31 de agosto 2026, reveló que el predio tiene alrededor de 20 hectáreas, funciona desde hace más de dos décadas y había quedado bajo investigación de la Justicia Federal por sus condiciones ambientales.

Allí se habían constatado humo, insectos, olores nauseabundos, focos de quema, maquinaria operando entre residuos y adultos y niños revolviendo la basura. Ahora ocurrió lo que políticamente resulta devastador para la gestión municipal. La Policía Federal clausuró el basural.

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De problema municipal a investigación federal

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El procedimiento fue realizado por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, a través de su área especializada en delitos ambientales. La pesquisa tuvo intervención de la Unidad Fiscal Descentralizada de San Nicolás, encabezada por el fiscal Gustavo Parigini, y del Juzgado Federal de Garantías de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo.

La causa investiga una posible infracción a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. Y el objeto de la investigación dejó de ser una montaña de residuos urbanos mal gestionados. Los investigadores pusieron el foco también sobre desechos de carácter patogénico. La diferencia es enorme.

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La Federal encontró el basural ardiendo

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Cuando los investigadores avanzaron sobre el predio de La Tosquera constataron la existencia del basural a cielo abierto y la presencia de focos de quema. La situación obligó a intervenir a personal especializado de Bomberos de la propia fuerza federal para extinguir el fuego.

🚨La Federal👮clausuró el basural de San Pedro: halló residuos patogénicos, secuestró historias clínicas y acorrala a Salazar. pic.twitter.com/qqd9K78FEY

— Visión Política (@VisionPoliticaV) September 9, 2026

La investigación documentó el lugar desde el aire mediante un dron, mientras los especialistas tomaron muestras de distintas sustancias sólidas y líquidas encontradas en el terreno. La fotografía que queda es brutal: basura acumulada, quemas, líquidos provenientes de los residuos, maquinaria trabajando, y una investigación intentando determinar hasta dónde pudo extenderse una eventual contaminación.

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Dos retroexcavadoras quedaron secuestradas

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En el lugar operaban además dos máquinas retroexcavadoras. Ambas fueron secuestradas judicialmente y quedaron bajo la figura de depositario judicial a cargo del Municipio. No se trata de un detalle menor. La maquinaria pasa a formar parte de una causa federal que intenta reconstruir cómo funcionaba concretamente el predio y qué tratamiento recibían los residuos que llegaban hasta allí.

En procedimientos anteriores, los investigadores también habían puesto la mirada sobre los recorridos de los camiones recolectores mediante los sistemas de seguimiento satelital de Ashira. La Justicia quiere saber algo bastante elemental: qué se recogía, de dónde provenía, dónde terminaba, y qué se hacía después con esa basura.

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Allanaron cuatro domicilios

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La pesquisa no terminó en La Tosquera. Con la información obtenida durante las primeras medidas, los investigadores identificaron cuatro domicilios de San Pedro que podían estar relacionados con las actividades bajo investigación. El juez Villafuerte Ruzo autorizó los allanamientos. Allí fue secuestrada documentación considerada de interés para la causa.

Y aparecieron elementos que llevaron la investigación hacia dos lugares especialmente sensibles: un centro de salud y un establecimiento vinculado con tratamiento y reciclado de residuos. La Fiscalía pidió entonces dos nuevas órdenes. El juez las concedió.

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Cien historias clínicas en manos de la Justicia

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El resultado de esos nuevos procedimientos aporta uno de los elementos más delicados de toda la investigación. Los federales secuestraron cien historias clínicas, además de documentación relacionada con los residuos existentes en los establecimientos.

¿Por qué interesan las historias clínicas? Porque la investigación intenta determinar si existen afecciones que puedan resultar compatibles con una eventual exposición ambiental. Y allí aparece la conexión con algo que los habitantes de La Tosquera vienen diciendo desde hace tiempo.

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Los vecinos ya hablaban de problemas de salud

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Durante la investigación, habitantes de la zona describieron una serie de síntomas que atribuyen a las quemas del basural. Entre ellos: irritación ocular y de garganta, dolores de cabeza, asma y malestar general. Los testimonios señalaron una preocupación especialmente fuerte por los efectos sobre los niños.

Esto no significa que judicialmente ya esté demostrado que esas patologías fueron provocadas por el basural. Precisamente eso es lo que deberá determinar la investigación mediante análisis, peritajes y evidencia médica. Pero explica por qué las historias clínicas adquirieron semejante importancia. Los vecinos pusieron los síntomas. Ahora la Justicia busca la prueba.

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La pregunta más grave está debajo de la basura

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Los especialistas tomaron muestras de lixiviados, suelo y agua, incluidas napas subterráneas. Los lixiviados son los líquidos generados cuando el agua atraviesa los residuos y arrastra sustancias presentes en ellos. Las muestras serán sometidas a estudios químicos para establecer su composición y determinar si encuadran dentro de los parámetros de peligrosidad contemplados por la Ley 24.051.

Los puntos fueron geolocalizados. Y los investigadores extendieron el relevamiento en cursos de agua próximos. Hay una razón particularmente sensible: esos cursos desembocan en el río Paraná. La pregunta judicial, por lo tanto, ya no se limita a qué ocurrió dentro de las veinte hectáreas del basural. También deberá determinarse si aquello que ocurrió allí pudo migrar hacia el agua y el ambiente circundante.

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Agua de pozo y una escuela dentro del mapa de riesgo

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Primera Página ya había revelado otro elemento especialmente preocupante de la investigación. En la zona funciona la Escuela N°44, donde también está el Centro Infantil de Recreación y Aprendizaje La Colmenita. Durante los relevamientos se detectó un tanque que abastecía al barrio con agua extraída de pozo sin proceso de potabilización.

La combinación obliga a extremar los estudios: Un basural. Lixiviados. Napas. Agua de pozo. Viviendas. Niños. Y denuncias de afecciones respiratorias. Ninguno de esos elementos demuestra por sí mismo contaminación sanitaria. Pero todos juntos explican perfectamente por qué intervino la Justicia Federal.

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Había chicos entre la basura

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Hay otra escena que probablemente sea todavía más difícil de explicar políticamente. Durante los relevamientos, los investigadores encontraron personas que ingresaban al predio para recuperar materiales. Entre ellas había adultos, niños y niñas. Cartones. Botellas. Elementos reutilizables. Para algunas familias, aquello que San Pedro descartaba se había transformado en una fuente de subsistencia.

Así, el basural terminó condensando tres problemas al mismo tiempo: ambiental, sanitario y social. Y todo bajo la responsabilidad institucional de un Municipio gobernado por el mismo espacio desde hace más de una década.

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Salazar no puede hablar de herencia

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Cecilio Salazar llegó a la intendencia en diciembre de 2015. Transita su tercer mandato. Por eso, ante un problema estructural de estas dimensiones, resulta cada vez más difícil explicar todo recurriendo a dministraciones anteriores. El basural, según los antecedentes de la investigación, existe desde hace más de veinte años.

Pero Salazar lleva más de diez administrándolo como intendente. La herencia puede explicar el origen. Después de una década, ya no alcanza para explicar la continuidad. Y mientras tanto, San Pedro debe $3.666 millones por la basura. Aquí aparece la contradicción política más feroz de toda esta historia.

San Pedro atraviesa simultáneamente dos crisis relacionadas con los residuos. Por un lado, el Municipio reconoció una deuda de capital con Ashira de $3.666.410.927. Por el otro, el destino final de la basura terminó bajo investigación federal y ahora con La Tosquera clausurada. Es difícil imaginar una combinación peor.

El Municipio acumuló una deuda gigantesca por el servicio de higiene urbana. Y, al mismo tiempo, el lugar donde terminaban los residuos quedó en el centro de una causa ambiental. San Pedro debe miles de millones por recoger basura que después terminó en un basural clausurado por la Federal. Esa es la fotografía política que deberá explicar Salazar.

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Una deuda que podría superar los $8.300 millones

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La situación financiera tampoco termina en los $3.666 millones. El convenio diseñado para refinanciar la deuda con Ashira contempla 90 meses de pagos, con una tasa vinculada a la TAMAR del Banco Nación más tres puntos e IVA. Un cálculo presentado en el Concejo Deliberante estimó que el desembolso final podría superar los $8.349 millones.

Es decir: la deuda que hoy asfixia al Municipio podría comprometer recursos hasta 2033. Mucho después de que termine el actual mandato. Y existe un elemento todavía más controvertido: el acuerdo contempla la posibilidad de utilizar inmuebles municipales como parte de pago. La basura ya no amenaza solamente al ambiente. También amenaza las cuentas y eventualmente el patrimonio municipal.

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Ashira también fue allanada

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La empresa recolectora tampoco quedó afuera del expediente. En los procedimientos del 24 de agosto, la Policía Federal se presentó en: la Municipalidad, el Concejo Deliberante, la sede de Ashira, y el propio basural. Los investigadores buscaron documentación y datos para reconstruir el circuito de los residuos. La causa deberá establecer responsabilidades concretas.

Y esa aclaración es indispensable: la clausura del basural y la existencia de una investigación no implican por sí mismas culpabilidad penal de Salazar, de funcionarios municipales ni de la empresa. Eso deberá determinarlo la Justicia. Pero políticamente el escenario ya es extremadamente grave.

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No es la primera causa ambiental que llega al despacho de Villafuerte Ruzo

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Existe además un antecedente que vuelve mucho más incómodo el nuevo expediente para el intendente. En 2025, Salazar y funcionarios de su administración fueron citados en una investigación relacionada con el vuelco de efluentes cloacales sin tratamiento al río Paraná. Salazar declaró ante la Justicia Federal. En diciembre de 2025, Villafuerte Ruzo dictó falta de mérito para el intendente y otros funcionarios.

La precisión jurídica es fundamental: no fue condenado. Tampoco procesado. Pero la falta de mérito no equivale a un sobreseimiento. El juez consideró que no existían entonces elementos suficientes para procesarlos y ordenó profundizar determinadas medidas. Ahora otro problema ambiental de San Pedro vuelve a caer bajo la lupa federal.

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El Tribunal de Cuentas también dejó marcas

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El basural tampoco aparece en un vacío institucional. El Tribunal de Cuentas bonaerense sancionó económicamente a Salazar en los ejercicios 2023 y 2024. En 2023 recibió una multa de $250.000. Por el ejercicio 2024, otra de $780.000.

Ninguna de esas sanciones demuestra corrupción ni está vinculada automáticamente con el expediente ambiental. Pero forman parte del cuadro administrativo de una gestión que, después de más de diez años, acumula demasiados frentes abiertos como para presentarlos simplemente como episodios aislados.

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La clausura cambia todo

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Hasta ahora, el gobierno de Salazar podía discutir políticamente las denuncias sobre La Tosquera. Podía cuestionar a la oposición. Podía hablar de un problema histórico. Podía esperar los peritajes. Pero ahora existe un hecho institucional difícil de relativizar: la Policía Federal clausuró el basural. 

1. Hubo fuego que debió ser extinguido.
2. Hubo maquinaria secuestrada.
3. Hubo muestras ambientales.
4. Hubo allanamientos.
5. Hubo documentación incautada.
6. Hubo casi cien historias clínicas incorporadas a la pesquisa.
7. Y existe una causa abierta bajo la Ley de Residuos Peligrosos.

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Lo que ahora deberá explicar el Municipio

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La investigación judicial tendrá sus tiempos. La política no. Después de esta clausura, la administración municipal debería responder públicamente cuestiones elementales:

1. quién autorizaba el funcionamiento del predio,
2. qué controles ambientales se realizaron durante los últimos años,
3. qué residuos podían ingresar,
4. quién controlaba los residuos patogénicos,
5. qué hacía la maquinaria municipal dentro del basural,
6. qué relación existía entre el circuito de recolección y La Tosquera,
7. qué estudios se realizaron sobre napas y agua de consumo,
8. y qué medidas sanitarias se adoptaron frente a las denuncias de los vecinos.
9. No se trata de condenar anticipadamente a nadie.
10. Se trata de rendir cuentas.

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Una década después, la basura volvió como una factura política

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Salazar gobierna San Pedro desde 2015. Durante ese tiempo construyó poder, cambió alianzas políticas y consiguió sucesivas victorias electorales. Pero los gobiernos largos tienen una particularidad: llega un momento en que prácticamente todo lo que ocurre dentro de la administración deja de poder adjudicarse a quien estuvo antes. Y La Tosquera se acerca peligrosamente a ese punto.

El basural puede haber nacido antes de Salazar. Pero después de más de una década de gestión, también es el basural de su administración. La deuda con Ashira puede haber tenido múltiples causas. Pero alcanzó los $3.666 millones bajo su gobierno. Los problemas ambientales podrán tener antecedentes remotos. Pero la clausura ocurrió ahora.

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El peor escenario posible

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San Pedro terminó atrapado en una paradoja difícil de superar. Debe una fortuna por la recolección. Discute refinanciarla hasta 2033. Evalúa comprometer patrimonio municipal. La Justicia investiga qué ocurrió con los residuos. La Federal allanó dependencias públicas. Los investigadores encontraron personas, incluso menores, revolviendo basura.

Los vecinos denunciaron problemas respiratorios. Se tomaron muestras de agua y napas. Se secuestraron historias clínicas. Y finalmente: clausuraron el basural. La basura que durante años desaparecía de las veredas de San Pedro volvió convertida en algo bastante más difícil de esconder: un expediente federal.

Y esta vez, después de diez años en el poder, Cecilio Salazar tendrá muchas dificultades para señalar hacia atrás. Porque la pregunta que queda flotando sobre San Pedro es mucho más sencilla: ¿cómo puede un Municipio terminar debiendo miles de millones por recoger la basura y, al mismo tiempo, tener clausurado por la Policía Federal el lugar donde la deposita?

Esa respuesta ya no se la reclama solamente la oposición. Ahora también la busca la Justicia.