La provincia de Mendoza se ha convertido en el triste escenario de un saqueo institucional perpetrado por el gobernador Alfredo Cornejo, quien, mediante una entrega coordinada con la Casa Rosada y al margen de la Legislatura, consumó el despojo de los recursos estratégicos provinciales para entregárselos en bandeja al Grupo Neuss. Bajo la fachada de una supuesta reorganización energética, el Ejecutivo provincial decidió regalar el 100% de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A. (HEMSA), pulverizando la participación minoritaria del 49% que históricamente retenía el Estado y condenando a la región a percibir un magro 6% de regalías mientras la vecina provincia de La Pampa se lleva el otro 6%, liquidando sin anestesia el patrimonio público mendocino.

Este oscuro proceso se sostiene sobre un andamiaje de decretos a medida y profunda opacidad. Todo se aceleró tras la crecida histórica del río Atuel del 11 de enero de 2025, siniestro que inundó las casas de máquinas de Nihuil II y Nihuil III y destruyó generadores, tableros y sistemas auxiliares. Ante esto, la Ley provincial N° 9630 declaró la emergencia por 14 meses, manteniendo a Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. (HINISA) operando de forma transitoria. Sin embargo, pisoteando los carriles institucionales —cuyo expediente inicial había transitado por la Fiscalía de Estado para una licitación netamente provincial—, Cornejo firmó el Decreto provincial N° 1436 para unificar la privatización con la Nación a través del DNU 667/2026, evadiendo el debate parlamentario y generando una total inseguridad jurídica ante la falta de marcos para disputas jurisdiccionales.

En el epicentro de este negociado asoma el prontuario del Grupo Neuss, comandado por los hermanos Juan y Patricio Neuss. Con antecedentes en la expansión de Edison Energy sobre el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos (CEMPSA), la prórroga escandalosa de sus concesiones (Cacheuta, Álvarez Condarco y El Carrizal) por 5 años con opción a 20 más, la validación como generadora el 22 de diciembre de 2025, su ingreso en Transener y sus cuestionadas maniobras en las represas del Comahue —denunciadas por la Fundación Soberanía de Neuquén por una "cadena de ilegalidades" y subvaluación—, los Neuss volvieron a hacer de las suyas. En un claro conflicto de intereses y acceso a información privilegiada antes de la apertura de sobres, la administración actual contrató a CEMPSA para el mantenimiento de la represa que se busca privatizar.

El núcleo más escandaloso radica en la colosal disputa por la póliza de seguros del siniestro. Mientras la aseguradora Restore propone una recuperación parcial por el monto menor, la propuesta ligada a HISSA-Transener calcula la reconstrucción en alrededor de 100 millones de dólares. Quien gane la licitación se quedará con el cobro de la póliza y un plazo de hasta 10 años para reparaciones que técnicamente demandan entre 18 y 24 meses. Todo esto ocurre mientras se ocultan el pliego completo, el precio base de HEMSA y el destino de los fondos, dejando inexplicable por qué el Complejo Diamante quedó fuera de la jugada.

Frente a este atropello, el diputado provincial Gustavo Perret y otros legisladores impulsaron una Comisión Especial Investigadora para auditar el proceso. Pero el daño ya está hecho: Cornejo y los Neuss han consumado un negociado de impunidad que desnuda la entrega absoluta de la soberanía energética provincial, marcando un hito de corrupción y desprecio por los intereses de los mendocinos que más temprano que tarde deberá rendir cuentas ante la justicia y la historia.