La gestión de la intendenta Mariel Fernández en el municipio de Moreno se consolidó como una maquinaria cínica de asfixia presupuestaria y decadencia social, operando con total impunidad mientras destruye el tejido institucional local. Bajo su administración, el distrito se convirtió en el retrato más fiel de la incompetencia y el despilfarro, donde el relato de la justicia distributiva choca violentamente con una realidad financiera catastrófica y el enriquecimiento obsceno de sus funcionarios.

En el plano administrativo, las cuentas públicas exhiben un descalabro monumental. Las ejecuciones presupuestarias reflejan que la comuna administró ingresos por cerca de 273.000 millones de pesos frente a gastos desbocados del orden de los 303.000 millones, arrojando un déficit financiero superior a los 31.000 millones de pesos. Este rojo incontrolable no es producto del azar, sino de la mala praxis: el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires castigó a la administración con multas y observaciones rigurosas tras detectar excesos presupuestarios que superan los 5.000 millones de pesos sin posibilidad legal de compensación. A esto se suma una bajísima autonomía recaudatoria, atada a una base tributaria frágil por los magros ingresos de los contribuyentes, y un agobiante déficit de infraestructura urbana que condena a los vecinos a la desidia en pavimentación, redes cloacales y espacios públicos.

Los sueldos municipales: muy por debajo de la línea de la pobreza

Mientras el municipio se hunde en números rojos, la asimetría estructural asfixia a los trabajadores. Gran parte del personal municipal percibe sueldos empobrecidos, salarios de indigencia y pobreza que rozan la miseria absoluta, pulverizados por la inflación y la desidia oficial. Operarios, administrativos y personal de salud sufren la degradación de sus ingresos mientras sostienen a destajo una comuna quebrada, evidenciando que el ajuste y la precariedad laboral son las únicas políticas aplicadas de forma sistemática a los sectores de abajo.

En las antípodas de la realidad obrera, el oficialismo local financia una fiesta obscena. Durante las rendiciones de cuentas, ediles opositores destaparon escándalos por contrataciones de banquetes de alta gama con fondos públicos —incluyendo gastos superfluos en champagne, sushi y langostinos— destinados a eventos de la cúpula política. Este dispendio discrecional va de la mano de gravísimas denuncias penales en la justicia federal y provincial por enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos y contratos direccionados hacia arquitectos y allegados vinculados al Movimiento Evita que simultáneamente edificaban propiedades de categoría y "chalets VIP" para los miembros del ejecutivo.

En definitiva, el gobierno de Mariel Fernández pasará a la historia local como un oscuro capítulo de saqueo sistémico, donde la demagogia discursiva sirvió únicamente para enmascarar la insolvencia fiscal, la indigencia salarial y el descarado beneficio personal de una casta que transformó el municipio en su estancia privada.