El distrito más populoso de la provincia de Buenos Aires sangra bajo la miseria de sus calles mientras, puertas adentro del Palacio Municipal, una maquinaria voraz de contrataciones a dedo reparte el dinero de los contribuyentes entre amigos, cooperativas fantasma y punteros políticos. Convertido en un feudo inexpugnable, el intendente Fernando Espinoza ha transformado la administración pública en un botín privado, donde las licitaciones públicas brillan por su ausencia y los fondos millonarios se evaporan al amparo de la más absoluta discrecionalidad.

Cooperativas y contrataciones

Las entrañas de este sistema de corrupción estructural quedan al desnudo en los incontables expedientes y pedidos de informes cajoneados que la oposición ha presentado en el Concejo Deliberante. A través de actuaciones administrativas que duermen en cajones cómplices, se detalla la utilización sistemática de la modalidad de concurso de precios y contratación directa, saltándose deliberadamente los controles abiertos para tercerizar la obra menor y los servicios urbanos en un entramado de 25 cooperativas de trabajo locales que operaban bajo una fachada absoluta de precarización laboral. Lo escandaloso de estas contrataciones radica en que todas estas entidades compartían de forma insólita un mismo domicilio legal (Entre Ríos 3269, San Justo), una dirección que corresponde directamente a una oficina de la Unidad Ejecutora Operativa dependiente del propio gobierno municipal.

Los expedientes y auditorías apuntan contra el ex secretario de Hacienda, Juan Manuel Fernández, y contra la secretaria actual de Desarrollo Social, Mirta Hembert, señalados como los firmantes y ejecutores directos de estas maniobras. Bajo convenios y licitaciones escandalosas —como la Licitación Pública 26/2024, impulsada por la propia Hembert, destinada a la compra millonaria de 600 mil kilos de carne vacuna, pollo y cerdo por un total de 4.923 millones de pesos durante un período de dos meses, cuyos listados de comedores, merenderos receptores y constancias de entrega firmadas jamás aparecieron— se canalizan fondos sin trazabilidad. Este andamiaje no solo elude cualquier control, sino que alimenta un esquema donde decenas de trabajadores figuraban precarizados mientras la chequera estatal subsidia la lealtad partidaria de punteros funcionales al oficialismo.

Este andamiaje no solo elude cualquier auditoría del Tribunal de Cuentas provincial, sino que articula un clientelismo feroz: la chequera estatal subsidia la lealtad partidaria mientras los vecinos sufren la desidia en González Catán y Virrey del Pino.

Fernando Espinoza es la radiografía exacta del saqueo institucional: un caudillo feudal que gobierna sobre las ruinas de los matanceros, administrando la pobreza y repartiendo los dineros públicos como si fueran la caja fuerte de su propia estancia, mientras sostiene su impunidad con el silencio cómplice de un aparato político diseñado exclusivamente para delinquir y perpetuarse en el poder.