El escándalo Chocolate Rigau dejó de ser la fotografía grotesca de un puntero vaciando cajeros con tarjetas ajenas. La investigación llegó ahora a una pregunta mucho más incómoda para la política bonaerense: quién puso a esas personas dentro de la Legislatura.

El juez Federico Guillermo Atencio exigió los 50 memos de designación que podrían identificar quién propuso contratar a cada titular de las tarjetas, pero la Cámara de Diputados bonaerense archivó las actuaciones administrativas y comunicó que no entregará esa documentación. El expediente ya no pregunta solamente quién sacaba la plata: está intentando llegar hasta quienes pusieron las firmas que hicieron posible cobrarla.

Y mientras Diputados cierra cajones, el problema se multiplicó en el Senado bonaerense. La investigación conocida como “Chocolate II” detectó otro circuito compuesto por al menos 39 tarjetas de débito pertenecientes a supuestos empleados de la Cámara alta.

Los investigadores identificaron a Hugo Santiago Muguerza (foto superior), histórico militante radical platense, operando esos plásticos. Las cámaras incluso los registraron coincidiendo durante la madrugada con Julio Rigau (foto inferior) en cajeros del Banco Provincia. Chocolate no habría sido entonces una extravagancia solitaria: la Justicia investiga otro mecanismo de extracción con decenas de tarjetas en la otra cámara legislativa.

El fiscal Juan Menucci acaba de poner nombres políticos alrededor de esa segunda trama. Entre este lunes y el miércoles deberán declarar como testigos diez exsenadores: Yamila Alonso, Nidia Moirano, Érica Revilla, Agustín Máspoli, Elisa Carca, Marcelo Daletto, Joaquín de la Torre, Owen Fernández Farquharson, Lorena Mandagarán y David Hirtz. Pertenecieron al PRO, la UCR, la Coalición Cívica y otros espacios opositores.

Ser citados como testigos no significa que estén imputados: deberán explicar, entre otras cuestiones, sus eventuales vínculos con Muguerza, Ortellado o los titulares de las tarjetas investigadas. La causa está empezando a subir desde los cajeros hacia los despachos donde se decidían contrataciones y estructuras políticas.

Los números explican por qué esa búsqueda resulta explosiva. Cuando Rigau fue detenido el 9 de septiembre de 2023 en un cajero del Banco Provincia de 7 y 54, llevaba 48 tarjetas, sus correspondientes claves, tickets, dinero y una mochila para transportar el efectivo.

Aquella noche ya había extraído alrededor de $1,25 millones. Una pericia posterior de la División Lavado de Activos de la Policía Federal calculó un perjuicio de por lo menos $395,4 millones solamente durante 2022 y 2023, sujeto a actualización. Pero ese cálculo cubría apenas una pequeña ventana temporal de un mecanismo cuyos contratos se remontan, en algunos casos, a comienzos de este siglo.

La Fiscalía amplió después el período investigado hasta el 1 de enero de 2002. Más de un tercio de los titulares de aquellas tarjetas tenían contratos anteriores a 2012 y una estimación periodística realizada sobre los salarios y años de contratación llevó el eventual perjuicio acumulado hasta alrededor de $4.000 millones.

Esa cifra no constituye todavía una determinación judicial definitiva del daño, pero marca la escala que comenzó a explorar el expediente. Son veinte años de contrataciones bajo la lupa y apenas un lote de 48 tarjetas: la pregunta inevitable es cuántos circuitos similares pudieron existir sin que nadie terminara detenido frente a un cajero.

Ahí aparecen los 50 memos que Atencio quiere ver. Son documentos administrativos que contienen las propuestas de designación o contratación de las personas incorporadas a Diputados y podrían revelar quién pidió que cada supuesto empleado ingresara a la Cámara. La fiscal Betina Lacki venía reclamándolos desde abril de 2025.

Según la reconstrucción periodística y judicial hubo cinco requerimientos y respuestas parciales antes de que Atencio emitiera una orden de presentación, instancia previa a medidas más compulsivas. Después de investigar al cobrador, las tarjetas y sus titulares, la Justicia fue finalmente por el papel que puede conducir hasta el padrino político de cada contrato.

Pero la política llegó primero. En mayo, Diputados aprobó sobre tablas, dentro de una votación general y con más de dos tercios de los presentes, archivar los expedientes administrativos relacionados con aquellos requerimientos. La decisión permaneció fuera del conocimiento público hasta septiembre.

Cuando la orden judicial ingresó el 19 de agosto, la Cámara respondió que esos documentos integraban actuaciones que ya habían sido archivadas. El dato objetivo es demoledor sin necesidad de adjetivos: la Justicia pidió conocer quién había propuesto las contrataciones y la Cámara decidió no entregar esa información.

La respuesta de Atencio elevó todavía más la temperatura. Frente al archivo legislativo, el magistrado remitió los antecedentes para que la Fiscalía en turno analice la posible comisión de delitos de acción pública. Eso no significa que Atencio haya declarado culpable a la Cámara ni a los legisladores que participaron de aquella decisión; significa que ordenó que otro fiscal determine si la conducta merece una investigación penal.

Y en ese momento apareció el asado. Como publicó PrimeraPágina.info, dirigentes del PJ, La Libertad Avanza, PRO, radicalismo y otros bloques se reunieron en el Centro Cultural El Amor y La Igualdad de La Plata. Participaron, entre otros, Sergio Berni, Alejandro Dichiara, Carlos Curestis, Juan Osaba, Alejandro Rabinovich, Pablo Petrecca, Alex Campbell, Marcelo Leguizamón, Diego Garciarena, Carlos Kikuchi, Sergio Vargas y Martín Rozas; por el peronismo también estuvieron Alexis Guerrera, Mario Ishii, Facundo Tignanelli, Mariano Cascallares, Juan Pablo de Jesús y Rubén Eslaiman.

Oficialmente se habló de destrabar proyectos, reelecciones municipales, PASO y Boleta Única. PrimeraPágina.info está en condiciones de asegurar que detrás de esa extraordinaria transversalidad existía además una preocupación compartida por el avance judicial del caso Chocolate.

Hay un dato que vuelve todavía más delicado ese contexto: según la reconstrucción publicada por PP, Christian Castillo, del PTS, había sido el único legislador que se opuso al archivo del paquete de resoluciones administrativas entre las que se encontraban actuaciones vinculadas con Chocolate.

La decisión de archivar contó con más de dos tercios de los legisladores presentes. El interrogante periodístico ya no pasa por descubrir si Chocolate tenía tarjetas: pasa por saber quién contrató a sus titulares y por qué esa información encontró semejantes obstáculos para llegar al expediente.

El otro frente judicial tampoco se quedó quieto. Contadores de la Procuración General bonaerense analizan los movimientos completos de las cuentas correspondientes a los titulares de las 39 tarjetas del Senado. Buscan transferencias, destinatarios y operaciones que permitan reconstruir la ruta de los salarios. Los secretarios de los bloques políticos ya declararon; Muguerza, Ortellado y los demás imputados todavía no habían sido indagados al momento de las últimas publicaciones.

Si el análisis bancario consigue mostrar hacia dónde viajaba finalmente el dinero, Chocolate II puede dejar de ser una investigación sobre tarjetas para convertirse en un mapa financiero de estructuras políticas.

Por eso la foto completa ya tiene dimensiones bastante diferentes a las de septiembre de 2023: 48 tarjetas en Diputados, otras 39 bajo investigación en el Senado, 50 memos reclamados judicialmente, diez exsenadores llamados a declarar y contratos que en algunos casos se remontan a 2002.

Ninguno de esos números prueba por sí mismo responsabilidad penal de los legisladores o exlegisladores mencionados. Pero juntos explican por qué conocer quién firmó cada contratación dejó de ser un detalle administrativo y se convirtió en una de las preguntas centrales del mayor escándalo reciente de la Legislatura bonaerense.

Lo que tenés que saber sobre Chocolate II

La causa original comenzó con 48 tarjetas encontradas en poder de Julio Rigau. La investigación se amplió hasta contratos iniciados en 2002 y una estimación periodística llevó el posible perjuicio acumulado de ese lote hasta unos $4.000 millones. Atencio reclama 50 memos para determinar quién propuso las contrataciones. Diputados archivó las actuaciones y no entregó esa documentación; el juez pidió analizar si esa respuesta pudo implicar un delito. Paralelamente, “Chocolate II” investiga 39 tarjetas del Senado y acaba de citar como testigos a 10 exsenadores.