La intendencia de Almirante Brown no es una administración pública; es una asociación ilícita institucionalizada donde Mariano Cascallares y su testaferro político, Juan José Fabiani, operan como un clan mafioso que convirtió el municipio en su caja y en un aguantadero de extorsionadores. Bajo una fachada de gestión democrática, este tándem político ha tejido una red oscura, persecución y latrocinio, blindando judicial y políticamente a los tentáculos de una gavilla que responde ciegamente a sus órdenes, demostrando que en su metro cuadrado el botín vale más que la ley y los ciudadanos juntos.

El escándalo expuso la verdadera cara de la estructura de Cascallares en octubre de 2023, cuando estalló el terremoto judicial que terminó con la detención de Juan Pablo Schuster, director general de Inspección Municipal, y de su ladero, Leonardo Gamizo, segundo en el área. Estos no eran simples empleados infieles, sino los recaudadores de confianza del propio intendente. La causa judicial destapó un esquema de extorsión sistemática a dueños de supermercados de la zona y un manejo mafioso, coercitivo y corrupto de las habilitaciones comerciales para locales bailables y boliches. Mientras los comerciantes debían pagar peaje para poder trabajar, la cúpula municipal jugaba al distraído, protegiendo con el silencio oficial a sus comisarios de la chequera comunal.

Pero el engranaje de encubrimiento no se detiene en los calabozos; se recicla mediante el juego de las sillas que Cascallares opera cada vez que asume cargos legislativos provinciales —como su paso y actual rol como diputado y vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados bonaerense— y deja el sillón comunal a su fiel fusible, Juan José Fabiani. Este operador de La Cámpora asumió el interinato no para gobernar, sino para garantizar la impunidad estructural. Con una mayoría automática y obediente en el Concejo Deliberante, el oficialismo se ha dedicado a rechazar sistemáticamente cada pedido de informes, cajonear expedientes comprometedores y blindar los negociados de la administración.

A esto se suma la oscura fiesta de la obra pública local, donde polideportivos, natatorios y remodelaciones urbanas millonarias se licitan sin transparencia, con costos sobrefacturados y plazos estirados a voluntad para beneficio de un círculo cerrado de contratistas amigos del poder. El Tribunal de Cuentas y los organismos de control acumulan advertencias ante la negativa sistemática del Ejecutivo a rendir cuentas claras sobre el destino de los fondos comunales, utilizando artilugios burocráticos para obturar cualquier auditoría que ose rastrear la ruta del dinero negro de la política browniana.

La mentira institucional se cae a pedazos frente al peso indiscutible de una matriz delictiva diseñada para saquear el distrito sin rendir cuentas a nadie. Mariano Cascallares y Juan José Fabiani ya no pueden esconderse detrás de comunicados vacíos, chicanas partidarias ni corrimientos temporales de sillones; son los máximos responsables políticos, ideológicos y materiales de un régimen municipal carroñero que exprimió las arcas públicas y secuestró las instituciones, convirtiendo a Almirante Brown en una guarida de impunidad que más tarde o más temprano pagará cada centavo robado con la cárcel y el desprecio perpetuo de todo un pueblo traicionado.