Bajo el eufemismo técnico de "eficientización" y "gerenciamiento", la administración de Jorge Macri consuma un despojo sistemático del patrimonio cultural y informativo de la Ciudad de Buenos Aires. El avance de las licitaciones sobre las emisoras AM 1110 La Once Diez y la histórica FM 2x4, sumado a la escandalosa adjudicación del Canal de la Ciudad a Cale Group —firma vinculada a multimedios de streaming afines al poder político—, desnuda una matriz de desguace estatal diseñada a medida de los intereses corporativos. Lejos de constituir una modernización transparente, el proceso se encamina sobre un terreno pantanoso minado de ilegalidades, fraudes laborales y negocios entre gallos y medianoche.

Un botín entregado por monedas

El plan oficial comenzó a mostrar los dientes cuando el primer intento licitatorio fracasó por falta de interesados reales que convalidaran semejante maniobra. Le lejos de recapacitar, el Ejecutivo porteño fragmentó los pliegos y abrió las puertas a ofertas por cifras irrisorias frente a los multimillonarios presupuestos de publicidad oficial que maneja la CABA. Con un canon base inicial fijado arbitrariamente a la baja, las propuestas presentadas por firmas como Green Umbrella, Kligger SRL y operadores particulares demuestran que el objetivo real no es la sustentabilidad fiscal, sino la transferencia de activos públicos rentables —construidos durante décadas con el esfuerzo de los contribuyentes— hacia manos privadas.

La voracidad privatizadora ya cobró su primera gran víctima con el Canal de la Ciudad, entregado a los dueños de plataformas como Blender y Carajo por una cifra completamente desproporcionada que desató internas feroces y sospechas de direccionamiento. Mientras tanto, la codicia por las frecuencias radiales —en especial la 2x4, bastión único del tango y la identidad porteña— pone en evidencia el desprecio absoluto de la gestión actual por la cultura federal y plural.

El andamiaje de este negociado choca de frente con la ley y la Justicia. Tanto los dictámenes de la fiscalía de Cámara —con el fiscal Rodrigo Cuesta a la cabeza— como las advertencias lapidarias del ENaCom han señalado lo evidente: tercerizar las licencias audiovisuales de esta manera viola de forma flagrante los marcos regulatorios nacionales y roza la ilegalidad absoluta, amenazando con la caducidad misma de las frecuencias. A Jorge Macri parece importarle poco la seguridad jurídica cuando de cumplir compromisos con amigos del poder se trata.

Pero el rostro más cruel de esta corrupción estructural recae sobre los trabajadores. Mientras el Gobierno porteño dibuja un escenario de supuesta "reubicación", la realidad cotidiana de los 150 empleados del canal y de los planteles de las radios —sumados a decenas de contratados y monotributistas precarizados que sostienen la programación diaria— es la más absoluta incertidumbre. Se los arroja a un limbo laboral inadmisible o se los descarta lisa y llanamente, destruyendo memoria histórica y profesional en nombre de la rentabilidad empresaria.

La Ciudad de Buenos Aires asiste impávida al remate de sus herramientas de comunicación comunitaria. Lo que el macrismo promociona como una "audaz apertura al mercado" no es más que un vaciamiento encubierto, un botín institucional entregado sin pudor que consolida la decadencia ética de una gestión empeñada en gobernar para pocos y despojar a la sociedad de lo que es suyo.

Sin duda este avance sobre los medios porteños busca colocar la línea editorial de la Ciudad con los intereses comunicacionales del gobierno nacional de Javier Milei y responder estrictamente a negocios de la casta empresaria local.