Detrás de la fachada de corporación familiar exitosa y de los carritos llenos de ofertas, el emporio supermercadista de Alfredo Coto esconde un historial oscuro de causas penales federales, contrabando, armamento de guerra oculto y estafas internacionales de guante blanco. Lejos del relato empresarial, los expedientes judiciales revelan un entramado de poder, connivencia y manejos turbios que salpican tanto a la justicia argentina como a los tribunales de lujo en Estados Unidos.

El hito más escandaloso de este prontuario se tramita en los tribunales federales bajo el expediente CFP 5542/2017, originado tras una denuncia anónima e inspecciones ejecutadas en 2016. En una sucursal del barrio de Caballito y en depósitos de la cadena, la justicia descubrió un verdadero arsenal clandestino de guerra: más de 200 armas de fuego, miles de municiones, granadas lacrimógenas, chalecos antibalas y equipos anti-disturbios escondidos bajo un pelotero infantil. 

A pesar de los sucesivos intentos de impunidad y maniobras dilatorias que incluyeron breves sobreseimientos, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 dictó nuevos procesamientos clave contra el empresario. La investigación determinó que la tenencia de al menos 29 de esas armas de alto poder era absolutamente ilegal, ya que el usuario colectivo (Coto CICSA) operaba con los permisos de la ANMAC vencidos y con material bélico no declarado formalmente. El caso llegó a instancias definitivas en la Corte Suprema de Justicia y la Cámara Federal de Casación Penal, que evalúan la elevación a juicio oral de Alfredo y su hijo Germán.

Pero la codicia del clan no conoce fronteras. En el plano internacional, la familia Coto —a través de la desarrolladora G&G Business Developments, comandada por Germán Coto— enfrenta demandas multimillonarias en los tribunales de Miami (Undécimo Circuito Judicial de Miami-Dade). Los propietarios de la exclusiva torre Aston Martin Residences (ubicada en el 300 Biscayne Boulevard Way) entablaron acciones legales por más de 5 millones de dólares en daños, acusando a la desarrolladora de orquestar un gigantesco esquema de fraude tipo "juego de manos" (shell game).

De acuerdo con los documentos presentados por la asociación de propietarios y auditores forenses en 2026, los Coto implementaron un sistema de autocontratación y contratos simulados con empresas satélites y de seguridad vinculadas a su círculo íntimo. Esto les permitió aplicar sobrecargos ilegítimos de hasta el 42% en gastos comunes y desviar fondos de los compradores antes de ceder el control del consorcio. A esto se suman denuncias por abandono de amenities de ultra lujo prometidas contractualmente —como helipuertos y marinas exclusivas que terminaron inoperantes— y graves defectos constructivos, filtraciones y fallas estructurales en el rascacielos de 66 pisos. 

A nivel local, el historial comercial de la cadena se completa con incontables multas firmes en el fuero Contencioso Administrativo por publicidad engañosa (cláusulas trampas en descuentos masivos) y violaciones a la Ley de Lealtad Comercial por manipulación de precios en góndola.
Entre arsenales ocultos bajo zonas infantiles, causas federales por tenencia ilegítima de explosivos y millonarias demandas por fraude inmobiliario en el exterior, el emporio de los Coto se sostiene en los límites de la ley, dejando al descubierto una estructura corporativa construida sobre el engaño sistemático tanto al consumidor argentino como a los inversores internacionales.

En definitiva, mientras Alfredo Coto posa de patriarca empresario intocable, la realidad de su cadena se sostiene sobre la extorsión al bolsillo popular con precios fraguados, góndolas trampa y la obscena precarización de los derechos del consumidor, confirmando que detrás de cada cartel de oferta en sus supermercados solo hay un modelo de negocio rapaz, impune y construido a espaldas de la ley y de la gente.