Heredero a la sombra de los despachos y ejecutor de una prepotencia administrativa tan silenciosa como ineficiente, Fernando Moreira logró transformar a General San Martín en el triste hazmerreír del conurbano bonaerense. Hundido en el penúltimo puesto del ranking de imagen de intendentes —con un diferencial lapidario y un rechazo masivo que espanta hasta a sus propios aliados—, el mandamás local cosecha lo que sembró: una administración quebrada por el escándalo, la desidia y una sospechosa ligereza con el dinero ajeno.

Su prontuario político e institucional ya no es solo una sucesión de desprolijidades, sino un manual de cómo vaciar de contenido a un municipio. El hito más oscuro de su gestión lleva el sello inconfundible de la corrupción sistémica: el escándalo de los "empleados fantasmas". Bajo un modus operandi que replica el asqueroso mecanismo del caso "Chocolate" Rigau, la Justicia Federal destapó una estafa monumental donde cientos de personas —que jamás pisaron el palacio municipal ni sabían de su existencia— figuraban cobrando sueldos estatales que terminaban succionados en cajeros automáticos mediante tarjetas clonadas o retenidas.

La gravedad institucional escaló de inmediato a los tribunales de la jueza Alicia Vence, con allanamientos furiosos en Tesorería y Recursos Humanos, pedidos formales de detención fiscal y una humillante prohibición para salir del país que pesa sobre el intendente y su círculo íntimo. Ya no se trata de chicanas opositoras: Moreira camina por los pasillos judiciales con el traje a medida de un imputado por defraudar al Estado que debiera proteger.

Pero el botín municipal no se agotaba en los sótanos de la planta de trabajadores. Lejos de cuidar los recursos de los vecinos de San Martín, el alcalde demostró una destreza fenomenal para dilapidarlos. A mediados de 2025, protagonizó otro papelón histórico al confirmarse que colocó ilegalmente 1.000 millones de pesos de las arcas públicas en la firma Créditos al Río SA, una financiera opaca vinculada a estafas masivas y no autorizada por el Banco Central para captar ahorros del Estado. El resultado fue el previsible: la empresa implosionó y se llamó a concurso preventivo, dejando al descubierto una malversación imperdonable que le valió duras sanciones y multas económicas del Tribunal de Cuentas.

Como si semejante raid delictivo y financiero fuera poco, el expediente administrativo de su gestión acumula taches permanentes. Los auditores provinciales volvieron a ponerle la lupa este año a su esquema de contrataciones directas, descubriendo una red de empresas sistemáticamente beneficiadas que obligó a reventar a multas el bolsillo de su propio gabinete económico.

Mientras Moreira se atornilla a un sillón que le queda gigantesco, la calle le factura el colapso absoluto de la vida cotidiana. Los vecinos de San Martín sufren a diario el avance impiadoso del narcomenudeo, la furia de una inseguridad automotriz desatada, calles destruidas y un sistema de salud municipal hecho trizas. El vecindario ya lo entendió con claridad meridiana: mientras los funcionarios juegan a ser financistas con fondos públicos y reparten tarjetas de débito fantasma, el distrito se cae a pedazos. Moreira dejó de ser un administrador para convertirse en el custodio de ruinas.