La predica de la eficiencia fiscal en Argentina chocó contra la caja del propio Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. El ministro Federico Sturzenegger firmó la adjudicación de un contrato de limpieza por $134.227.227,90 pesos a la firma EZCA Servicios Generales, controlada por la familia Estebes.

La firma contratada en Ciudad Autónoma de Buenos Aires arrastra una penalidad administrativa firme por haber dejado sin limpiar tribunales de la Justicia de la Nación. Sturzenegger contrató a una sancionada.

La orden de compra quedó ratificada el 23 de julio de 2026 y prevé un desembolso mensual estimado en $22,37 millones de pesos por seis meses de servicio. El paladín del achique estatal eligió a la compañía argumentando que presentó la cotización más baja entre nueve oferentes.

La paradoja de adjudicar dinero público a un proveedor fallido reabre la controversia sobre los criterios de control dentro de la Casa Rosada. La austeridad oficial no revisó antecedentes.

El bochornoso historial de EZCA en Lavalle 1554

El prontuario contractual de la firma registra un severo traspié en la sede del Consejo de la Magistratura de la Nación. En aquel expediente, las autoridades judiciales certificaron el incumplimiento en el lavado de vidrios en altura y alfombras, disponiendo la rescisión parcial del acuerdo y la ejecución de la garantía de mantenimiento de oferta.

La sanción quedó ratificada en los registros oficiales, evidenciando que la compañía no garantizó las tareas comprometidas con el Estado.

====================================================================

Nueve ofertas bajo la lupa y la excusa del menor precio

Frente a las denuncias por abandono de tareas, la empresa pretendió justificar sus omisiones en la falta de anclajes de seguridad en los edificios públicos. La argumentación fue desestimada por las autoridades judiciales al constatar que la proveedora había realizado la visita técnica obligatoria previa a la cotización. A pesar de estos antecedentes de incumplimiento, la cartera conducida por Federico Sturzenegger priorizó la oferta económica, arriesgando la calidad del servicio administrativo.

La decisión de obviar el historial operativo de los contratistas compromete el estándar de exigencia pregonado por el Ejecutivo nacional. Elegir presupuestos reducidos sin evaluar la capacidad de cumplimiento suele derivar en pleitos administrativos y sobrecostos para las arcas públicas.

La ciudadanía aguarda una auditoría formal que demuestre que los $134,2 millones de pesos no se destinaron a un proveedor incapaz de cumplir con sus obligaciones.

La falta de rigurosidad en los procesos licitatorios resquebraja la narrativa de la motosierra. Mientras se aplican ajustes en dependencias esenciales de la administración pública, los fondos estatales continúan fluyendo hacia firmas con antecedentes negativos.

El ministerio de Federico Sturzenegger deberá fiscalizar cada rendición de cuentas para asegurar que los edificios oficiales reciban las prestaciones contratadas, evitando que la eficiencia quede en un slogan.