Federico Sturzenegger salió del cine y esta vez la motosierra quedó cara a cara con la calle. Un video de unos 27 segundos aportado a Primera Página y difundido en las últimas horas muestra al ministro caminando por el sector de cines del shopping Unicenter mientras un hombre lo sigue y lo increpa verbalmente.

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La escena es corta, pero contiene una enorme carga política: uno de los principales arquitectos del ajuste de Javier Milei terminó enfrentado directamente con la bronca de un ciudadano. En las imágenes analizadas por PP no se observa una agresión física y Sturzenegger continúa caminando acompañado por otras personas.

No es, además, la primera vez que el economista queda expuesto a una situación semejante. En febrero de 2024 fue reconocido cuando intentaba presenciar el clásico entre Gimnasia y Estudiantes en el Bosque de La Plata y un grupo de hinchas comenzó a insultarlo y abuchearlo.

Dos años y medio después, la escena de Unicenter vuelve a encontrar a Sturzenegger fuera de los ámbitos protegidos del poder y convertido personalmente en destinatario del rechazo. Los dos episodios son diferentes y naturalmente no permiten medir por sí solos el humor de una sociedad, pero revelan hasta qué punto su figura se convirtió en un símbolo político.

Y existen números que ayudan a entender por qué. Según la información oficial del propio Ministerio de Desregulación, hasta agosto de 2026 el Gobierno había acumulado 770 normas de desregulación, 2.841 normativas modificadas o eliminadas y 17.115 artículos alcanzados por esos cambios.

Sturzenegger no administra simplemente un ministerio: es uno de los principales ejecutores de la transformación estructural del Estado que Milei prometió realizar con una motosierra. Para el Gobierno significa eliminar burocracia, bajar costos y recuperar libertad económica; para sus adversarios, significa desmontar capacidades públicas y eliminar protecciones construidas durante décadas.

La motosierra tampoco quedó encerrada dentro de los edificios públicos. La industria argentina llega a septiembre con alrededor de 87.000 empleos formales menos y más de 4.000 empresas cerradas desde la llegada de Milei, mientras cerca del 40% de la capacidad industrial permanece ociosa; sólo en julio la producción manufacturera cayó 5% respecto del mes anterior.

No todos esos cierres ni cada puesto perdido pueden atribuirse personalmente a Sturzenegger, pero su política de apertura y desregulación forma parte central del modelo económico bajo el cual ocurrió ese deterioro. El Gobierno sostiene exactamente lo contrario: considera que la apertura obliga a reconvertir sectores ineficientes y permitirá una economía más competitiva.

El propio ministro dejó pocas dudas sobre esa filosofía cuando habló del cierre de Fate, histórica fábrica argentina de neumáticos que dejó de producir después de 86 años. Consultado por el Financial Times, defendió la transformación económica y llegó a considerar positivo que una empresa incapaz de competir dentro del nuevo esquema desaparezca.

La frase resume quizá mejor que cualquier discurso por qué Sturzenegger despierta adhesiones tan intensas y rechazos igualmente feroces: para él, el cierre puede representar reconversión; para el trabajador despedido significa quedarse sin empleo. El Gobierno apuesta a reemplazar parte del viejo modelo industrial por una economía más orientada hacia energía, minería, agro y sectores competitivos internacionalmente.

Hay incluso estadísticas oficiales que contradijeron algunas afirmaciones públicas del ministro. En abril Sturzenegger sostuvo que durante los dos años anteriores la cantidad de empresas pequeñas, medianas y grandes se había mantenido estable o había crecido, pero una verificación realizada sobre datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo encontró una caída del 4,4% en el total de empleadores registrados entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025.

El dato es especialmente incómodo porque las empresas pequeñas, medianas y grandes tampoco habían aumentado: todas las categorías analizadas registraban retrocesos. Además, el gráfico utilizado por el ministro había dejado afuera a las firmas de menos de cinco empleados, que representan más del 70% del universo empresarial.

Pero la mochila que acompaña a Sturzenegger empezó mucho antes de Milei. Como secretario de Política Económica durante el gobierno de Fernando de la Rúa quedó involucrado en la causa del Megacanje de 2001 y años después fue procesado por negociaciones incompatibles con la función pública.

Ese procesamiento existió, pero también existe un dato jurídico que no puede esconderse: Sturzenegger fue finalmente sobreseído y la Cámara Federal confirmó esa decisión en 2016. El Megacanje quedó grabado políticamente como una de las operaciones financieras más controvertidas de aquella crisis, pero hoy no existe una condena penal contra el ministro por ese expediente.

Otra batalla judicial acaba de terminar, al menos por ahora. Cristina Fernández de Kirchner había pedido investigar a Sturzenegger por la ejecución de los contratos de dólar futuro cuando asumió la presidencia del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri, pero el funcionario fue sobreseído.

El 10 de septiembre de 2026 la Corte Suprema rechazó el último recurso presentado contra ese sobreseimiento y dejó firme la desvinculación del actual ministro. Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti aplicaron el artículo 280 y no ingresaron al fondo del planteo. Por lo tanto, tampoco corresponde presentar aquella denuncia como una responsabilidad penal acreditada.

Su nombre apareció además en otro expediente gigantesco: el préstamo del FMI de 2018, acordado inicialmente por US$50.000 millones y luego ampliado hasta US$57.100 millones durante el gobierno de Macri. La causa investigó, entre otros, a Macri, Dujovne, Caputo y Sturzenegger, entonces presidente del Banco Central, pero la Cámara Federal confirmó este septiembre su archivo al considerar que después de más de cinco años no se había logrado demostrar una hipótesis delictiva suficiente.

Sin embargo, el capítulo podría no estar completamente terminado: el fiscal José Luis Agüero Iturbe prepara un intento para recurrir la resolución y buscar que la investigación sea revisada nuevamente. Eso no revierte hoy el archivo ni implica culpabilidad de ninguno de los investigados.

Más explosiva políticamente es una denuncia nacida durante su actual paso por el Gobierno. Cancillería contrató por $114.044.133 cursos de inglés con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, cuya directora ejecutiva, María Josefina Rouillet, es esposa de Sturzenegger; el vínculo fue informado mediante la correspondiente declaración jurada de intereses.

La contratación terminó judicializada y los denunciantes pidieron investigar posibles incumplimientos de deberes y negociaciones incompatibles, mientras la Oficina Anticorrupción detectó documentación que inicialmente no aparecía visible en la publicación web del expediente. La causa fue ampliada en febrero y, nuevamente, una denuncia constituye una hipótesis que deberá resolver la Justicia, no una prueba de delito.

Casi simultáneamente apareció una contradicción política difícil de ignorar. Mientras su cartera impulsa reducción de estructuras e inmuebles estatales, el Ministerio contrató cuatro pisos y 24 cocheras en Diagonal Norte por $720 millones durante doce meses, equivalentes a $60 millones mensuales, más los gastos previstos contractualmente.

El ministro que busca achicar el costo del Estado terminó firmando personalmente un alquiler multimillonario para instalar las oficinas de su propio Ministerio. El expediente pasó por el Tribunal de Tasaciones y la contratación tuvo una única oferta considerada admisible y económicamente conveniente, de modo que el cuestionamiento conocido hasta ahora es esencialmente político y administrativo, no una condena judicial.

La desregulación de medicamentos abrió otro frente. El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos cuestionó la comercialización online de remedios y denunció penalmente a Sturzenegger, mientras sostiene que avanzar por fuera de las farmacias implica riesgos sanitarios y contradice decisiones judiciales vigentes.

La pelea resume otro costado del método Sturzenegger: avanzar rápidamente sobre regulaciones históricas y obligar después a sindicatos, corporaciones profesionales y tribunales a disputar los límites de esas reformas. La acusación de los farmacéuticos debe ser presentada como lo que es —una denuncia del sector— y no como una irregularidad judicialmente probada.

De la motosierra al escrache: increparon a Sturzenegger a la salida del cine y explotó la bronca contra el ministro de Milei. EL ARQUITECTO DEL AJUSTE QUEDÓ CARA A CARA CON EL MALESTAR DE LA GENTE. pic.twitter.com/qp49waIL1r

— Visión Política (@VisionPoliticaV) September 14, 2026