El armado territorial del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires quedó envuelto en un incómodo conflicto institucional en la capital bonaerense.
La reaparición de panfletos anónimos en las calles de La Plata apuntó directamente contra la delegada regional, Celeste Dovale Despott, denunciando supuestas irregularidades en el manejo de las inspecciones y la negociación de expedientes laborales. El episodio salpica la conducción del ministro Walter Correa y reabre el debate sobre los controles internos en el gobierno de Axel Kicillof.
Los volantes —distribuidos en inmediaciones de dependencias públicas de la ciudad— cuestionan el desempeño de la funcionaria, quien ejerce la representación del organismo laboral en Argentina desde octubre de 2020 tras ser nombrada mediante la Resolución 319/2020.
Aunque el carácter anónimo de las impresiones no constituye prueba jurídica por sí mismo, la reiteración de las imputaciones —que ya registraba antecedentes en junio— expone la urgencia de que la Provincia de Buenos Aires informe si existen sumarios administrativos en curso.
La controversia impacta en el corazón del discurso del ministro Walter Correa, una de las espadas sindicales del gabinete de Axel Kicillof. Mientras la conducción del área encabeza exposiciones públicas en favor de la ampliación de los derechos laborales y contra las reformas del gobierno nacional, la falta de aclaraciones sobre el funcionamiento de la delegación platense genera suspicacias.
Las entidades gremiales y empresariales de la región exigen que el ministerio detalle los protocolos de fiscalización aplicados sobre los funcionarios que arbitran en las controversias.

La permanencia de Dovale Despott a lo largo de casi seis años de gestión exige respuestas institucionales que superen la mera especulación política. El Ministerio de Trabajo posee facultades para activar investigaciones sumarias, revisar las actuaciones del personal con poder sancionatorio y garantizar la transparencia de los acuerdos homologados.
La inacción o el silencio oficial frente a los reclamos en La Plata terminan alimentando la desconfianza de los usuarios que acuden a la dependencia en busca de tutela estatal. La gestión provincial no emitió informes.
La responsabilidad política se extiende al conjunto del gobierno bonaerense, que enarbola la defensa del empleo formal como eje prioritario. Garantizar la imparcialidad y la ética pública en las oficinas encargadas de aplicar las multas laborales resulta indispensable para la credibilidad del Estado provincial.
Si la administración de Axel Kicillof pretende despejar sospechas, debe canalizar los señalamientos mediante canales de auditoría formales, evitando que el conflicto se reduzca a una guerra de pasquines.
El desenlace de esta crisis medirá la capacidad de la gestión provincial para fiscalizar sus propios cuadros territoriales. Mientras los autores de las publicaciones no presenten pruebas ante la Justicia de Buenos Aires, las acusaciones mantendrán la condición de señalamientos no acreditados.
Sin embargo, la obligación de garantizar un servicio de justicia laboral transparente recae sobre las máximas autoridades, quienes deben dar respuestas concretas a la comunidad platense.

Panfleteada en La Plata: Volantes anónimos denunciaron presuntas irregularidades en la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo.
Funcionaria en la mira: La acusada es Celeste Dovale Despott, a cargo de la oficina local desde octubre de 2020.
Sin investigación confirmada: El ministerio de Walter Correa no informó la apertura de sumarios ni auditorías internas sobre la dependencia.
Antecedentes recientes: En junio de 2026 se habían registrado pegatinas similares con cuestionamientos a la gestión del organismo.
Responsabilidad provincial: Exigen que la gestión de Axel Kicillof transparente los controles sobre los funcionarios de la cartera laboral.