El discurso de austeridad e integridad institucional del gobierno de Javier Milei volvió a tropezar con la caja de las contrataciones públicas en Argentina. La empresa de seguridad privada Tech Security SRL —de la cual el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se desvinculó formalmente cuatro días antes de asumir el cargo— quedó en el centro de las sospechas por la adjudicación del servicio de vigilancia física de la Línea Mitre.

La compañía controlada por sus hermanos asumiría desde el 1.º de noviembre de 2026 la custodia de las estaciones, desplazando a la prestadora Líderes sin que figure un llamado a licitación pública en el portal de Trenes Argentinos. La empresa familiar va por el ferrocarril.

La cronología dominada por la familia rioja en Ciudad Autónoma de Buenos Aires expone un gris administrativo que incomoda al oficialismo. El 6 de diciembre de 2023, en vísperas de asumir la jefatura parlamentaria de La Libertad Avanza, el legislador cedió sus cuotas sociales a su hermano Eduardo Adrián Menem.

Aunque la maniobra formal desvincula al diputado de la titularidad dominial de la firma, la posterior obtención de millonarios contratos con el Estado nacional reabre el debate sobre el tráfico de influencias en la Provincia de Buenos Aires.

El contrato ferroviario y la falta de transparencia en la contratación

El desembarco de la compañía en la traza ferroviaria contempla un volumen operativo de 228.384 horas anuales de vigilancia, requiriendo un despliegue diario de 78 efectivos.

La prestación era ejecutada por la firma Líderes en el marco de la licitación pública 9/2020. Hasta el momento, el Ministerio de Economía y la operadora ferroviaria no publicaron los expedientes administrativos que fundamenten la contratación directa o el cambio de proveedor, alimentando las dudas sobre los privilegios concedidos al entorno del poder. No se identificó una nueva licitación.

El antecedente de los $4.000 millones en el Banco Nación y la Oficina Anticorrupción

No se trata del primer beneficio comercial que salpica la gestión del presidente de la Cámara Baja. En julio de 2025, la firma de la familia Menem resultó preadjudicada con un contrato de $3.933.026.507 de pesos en el Banco de la Nación Argentina, desencadenando una investigación de la Oficina Anticorrupción (OA).

Aunque el dirigente sostiene que la compañía acredita una extensa trayectoria como proveedora estatal previa al mandato libertario, la recurrencia de adjudicaciones hacia su círculo íntimo atenta contra el discurso anticasta. Tech Security ya sumó contratos millonarios.

El escándalo se extiende a la situación precarizada de las dotaciones de seguridad en los andenes porteños. Los vigiladores que prestan servicio en la arteria ferroviaria aguardan precisiones sobre la absorción de sus legajos, el reconocimiento de la antigüedad y el cumplimiento de los convenios colectivos del sector.

La falta de publicidad de los pliegos no solo afecta las arcas públicas sino que expone a los trabajadores a un marco de inestabilidad laboral, mientras la empresa familiar consolida sus negocios.

Las autoridades del área de Transporte deberán exhibir los expedientes auditados para transparentar la llegada de Tech Security SRL a la red ferroviaria. Ocultar la información pública debajo de la alfombra institucional degrada las promesas de transformación del sistema político.

El presidente de la Cámara de Diputados enfrenta la obligación ética de demostrar que sus hermanos no se benefician de la caja del Estado, garantizando que la vara de control sea la misma para todos.