Bienvenidos al repugnante parque de diversiones que Fernando Espinoza administra con aires de altanería y chequera ajena, un sátrapa que logró convertir al municipio de La Matanza en su alcancía personal y en el cementerio más grande de la decencia republicana.

Bajo los polvorientos legajos de las IPP (Investigaciones Penales Preparatorias) que duermen en los tribunales —entre ellos, expedientes vinculados a la UFI de Investigaciones Complejas— aparece un modus operandi basado en una estructura de piratería institucional capaz de recaudar cifras millonarias mensuales en negro. Coimas exigidas a comercios, habilitaciones truchas exprés, peajes a desarmaderos y zonas liberadas para el narcotráfico y el juego clandestino conformaban un circuito donde se movían fondos opacos valuados en decenas de millones de pesos de aquella época, cifras que, trasladadas a valores actuales, representarían una marea multimillonaria de miles de millones. El dinero era administrado con precisión por la comisaría política y una gavilla de recaudadores destinada a alimentar la caja negra de la política feudal de Espinoza.

En los despachos judiciales reposan los expedientes que describen con precisión quirúrgica el funcionamiento de aquella maquinaria clandestina, montada a espaldas de los contribuyentes. Un esquema territorial que permitía el avance del narcomenudeo y otras actividades ilegales bajo una impunidad cuidadosamente administrada por Espinoza.

Todo este festín delictivo habría contado, además, con una complicidad judicial que convirtió las pruebas en piezas de un interminable juego de sombras. Mientras los elementos acumulados esperaban respuestas en los tribunales, el poder político parecía disponer de las reglas y los tiempos. En torno a esa estructura aparecen los principales implicados: un rejunte de operadores funcionales a la corporación mafiosa del distrito.

El leal Carlos Orsingher funcionaba como el engranaje político perfecto, encargado de alinear a las fuerzas de seguridad con las necesidades de la caja recaudadora. A su lado, Alejandro Zalazar y distintos jefes policiales habrían degradado las comisarías hasta transformarlas en sucursales de extorsión y cobro de peajes ilegales, donde la autoridad dejaba de representar al Estado para ponerse al servicio de una maquinaria de recaudación.

La situación de los imputados secundarios se resume en una postal de pura crueldad política: soldaditos rasos, descartables cuando dejaron de resultar útiles, abandonados a su suerte para preservar al verdadero jerarca. La evolución judicial de este sainete quedó atrapada durante años en un pantano nauseabundo de chicanas, cajoneos burocráticos y prescripciones que, según la hipótesis de quienes reclaman su revisión, habrían terminado favoreciendo a los responsables de mayor jerarquía.

No obstante, la posibilidad de una reapertura de la causa vuelve a sobrevolar los pasillos tribunalicios como una amenaza letal, impulsada por el peso de un expediente que jamás debió ser sepultado bajo el polvo. Esa cloaca del pasado conecta de manera directa y escandalosa con el presente judicial de Espinoza: un prontuario político que, según las denuncias y actuaciones que lo rodean, parece saltar de tropelía en tropelía sin que termine de derrumbarse el andamiaje protector construido a su alrededor.

Ojalá la Justicia se digne a sacudirse el polvo, rompa de una vez el blindaje corporativo y barra con la mugre política que durante demasiado tiempo mantiene rehén al conurbano bonaerense. Porque cuando los expedientes se cajonean, las pruebas se empolvan y los poderosos sobreviven intactos, no es solamente la Justicia la que queda en deuda: es la República entera la que termina pagando la factura.