Mientras la provincia de Buenos Aires se hunde en una crisis estructural, tapada por rutas destrozadas, hospitales desfinanciados, salarios de miseria y una inseguridad que asfixia a diario a los vecinos, el gobernador Axel Kicillof ha construido una colosal maquinaria de propaganda y blindaje político. Lejos de la austeridad que pregona discursivamente, la administración provincial canalizó cifras escandalosas —superando los 58 mil millones de pesos anuales en publicidad oficial— convirtiendo los fondos públicos en la columna vertebral de sus campañas electorales y en el pago de favores a un selecto club de empresarios de medios y operadores digitales.

El epicentro de este vaciamiento opera desde el Ministerio de Comunicación Pública, dirigido por Jesica Rey. Desde allí, mediante partidas flexibles y una atomización deliberada de órdenes de compra, se pulverizan los recursos de los contribuyentes bonaerenses. La lógica es obscena: recortar en áreas críticas e imprescindibles para alimentar una caja negra destinada a comprar lealtades discursivas.

El reparto de este botín millonario expone con crudeza la matriz de complicidades. Los informes de ejecución presupuestaria revelan que un puñado de holdings empresarios y medios afines se llevan la parte. Entre los principales beneficiados históricos y actuales se encuentran el Grupo Indalo (de Cristóbal López y Fabián de Sousa), cuyas señales como C5N y sus diversas emisoras acaparan miles de millones de pesos; el Grupo Olmos (Crónica TV); el Grupo Octubre (del sindicalista Víctor Santamaría); y los medios conducidos por operadores y periodistas militantes como Roberto Navarro (El Destape), además de flujos jugosos destinados a productoras de streaming, portales digitales alineados y agencias de publicidad en vía pública. 

A cambio de contratos opacos y pautas monumentales que no resisten ninguna auditoría de racionalidad económica, estos actores garantizan el blindaje mediático de la gestión y la tracción de una campaña permanente. Se financia con la plata de los bonaerenses un gigantesco aparato de marketing político que maquilla el colapso de la provincia.

Lo que perpetra el kirchnerismo bonaerense no es solo una pésima administración de los recursos; es un desvío sistemático de fondos en el territorio más castigado del país, donde cada peso gastado en propaganda militante representa una escuela sin gas, una cama menos en el IOMA o un patrullero abandonado. Un robo institucionalizado que utiliza la billetera del Estado para garantizar la impunidad y la supervivencia de un modelo de poder a costa del hambre y la desidia de millones de ciudadanos.

¿Consideras que este uso discrecional de los fondos públicos por parte del Ministerio de Comunicación Pública debería frenarse mediante una ley provincial de acceso a la pauta transparente?