En cumplimiento de las exigencias antimonopolio impuestas por el Estado nacional, la empresa Telecom Argentina —vinculada al Grupo Clarín— aceptó este 14 de octubre de 2026 la propuesta formal de la firma Metrotel para desprenderse de un paquete masivo de 6.005.425 líneas móviles y 211.566 usuarios de internet.
La transacción alcanzó un valor de US$ 450 millones de dólares más IVA, colocando la gestión del tercer operador móvil del país en manos del vehículo de inversión Nippur Fiber Holdings, integrado por Luis Caputo y el exfuncionario de la ANSES Luis María Blaquier. Telecom vende 6 millones de clientes a Metrotel.
La desinversión obligatoria se originó tras la adquisición de Telefónica Argentina por parte de Telecom por un monto de US$ 1.245 millones de dólares. La fusión amenazaba con consolidar una concentración del 58% del mercado de telefonía celular en favor de la marca Personal, frente al 42% de Claro.
Para evitar un duopolio absoluto, la Autoridad Nacional de la Competencia condicionó la aprobación de la megafusión a la transferencia de más de seis millones de abonados que operarán bajo la marca Tuenti, garantizando la existencia de una tercera red competidora. La exigencia antimonopolio reconfigura el mercado.
La nómina de los adquirentes despierta un inmediato interés político por la relevancia de sus apellidos. Sebastián Caputo —sobrino del empresario Nicolás "Nicky" Caputo y vinculado históricamente a la firma Mirgor— lidera el grupo local Nippur Fiber Holdings, que asumirá el 51% del capital accionario de Metrotel, mientras que el 49% restante quedará en manos del fondo estadounidense Beacon, conducido por Ralph Booth.
En la estructura local se destaca la figura de Luis María Blaquier, exdirectivo del fondo Pegasus y exdirector del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES durante el gobierno de Mauricio Macri. Caputo y Blaquier toman el control de Metrotel.
El traspaso de la marca Tuenti otorga a Metrotel un salto comercial sin precedentes, pasando de ser un proveedor corporativo y mayorista a manejar una masa crítica de más de seis millones de consumidores finales en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense y las provincias.
No obstante, para garantizar la prestación ininterrumpida del servicio, la operadora compradora debió suscribir convenios transitorios de compartición de infraestructura y Roaming con la propia Telecom. Organismos de defensa del consumidor exigen auditar que esta asistencia técnica no condicione la verdadera independencia comercial del nuevo jugador. Exigen auditar los acuerdos de transición.
La desinversión fijada por los reguladores estatales demuestra la enorme dimensión económica del negocio de la conectividad en el país. Telecom Argentina recauda US$ 450 millones de dólares que amortizan el costo de la absorción de Telefónica, mientras abre la puerta a un consorcio privado con aceitados nexos financieros y políticos. Corresponderá a los entes de fiscalización certificar que la migración del espectro radioeléctrico y la asignación de bandas garanticen tarifas competitivas y calidad de cobertura para los usuarios. El Estado debe fiscalizar la libre competencia.
El cierre de los contratos definitivos iniciará una transición operativa que se extenderá durante los próximos meses. Si la Autoridad de Competencia valida la autonomía de la nueva conducción, el mercado móvil argentino quedará formalmente traccionado por tres grandes marcas.
La evolución de esta transferencia medirá si la intervención oficial logró desconcentrar la oferta o si únicamente redistribuyó las ganancias del sector entre los actores tradicionales del poder económico en la Argentina. El nuevo mapa de la telefonía está en marcha.