El imperio de Alberto Reinaldo Pierri se construyó en La Matanza, el bastión electoral bonaerense que dominó durante los años noventa sin haber nacido ni vivido allí. Sus primeros pasos en la Papelera San Justo, heredada de su padre y su abuelo, marcaron el inicio de su expansión industrial. En 1985 selló un pacto decisivo: financió boletas y afiches para Antonio Cafiero a cambio de un lugar en la lista legislativa. Así ocupó una banca en la Cámara de Diputados hasta 2001, presidiéndola durante las dos presidencias de Carlos Menem, impulsando la Universidad Nacional de La Matanza y colocando a su delfín Héctor Cozzi en la intendencia.

En paralelo a su ascenso político, Pierri tejió un imperio mediático con la compra de radios y licencias de televisión, dando origen a Telecentro, el primer multimedios nacional con ofertas de triple play. Hoy el grupo abarca a Papelera Tucumán, UnionPel, Telenet, Logitel, Conectimax, Labor Corporativa, NRG, Polo del NOA, T-Play y FacilCred. La propiedad se reparte en partes iguales entre Alberto y sus tres hijos: Silvina, Lisandro y Martín. Silvina ejerce la conducción ejecutiva y estuvo casada con Fernando Guidi, dueño de Guidi Posta, firma que proveía móviles a Canal 26 manteniendo a sus trabajadores precarizados fuera del convenio de prensa.

La compañía acumula graves antecedentes por abusos hacia sus clientes. En diciembre de 2025, el Ministerio de Producción bonaerense le impuso una sanción de $167 millones tras unas 800 denuncias por entorpecer y bloquear las bajas del servicio. La autoridad oficial comprobó trabas sistemáticas en la atención presencial, telefónica y virtual, botones de cancelación inaccesibles y cobros ilegales de períodos completos. Aunque no encabeza el ranking nacional absoluto, figuró sexta entre las empresas más denunciadas del país con 3.424 reclamos entre enero y julio de 2026, sumando un historial que ya en 2020 superaba los 8.000 reclamos documentados por el CEPA.

Lejos de frenar su voracidad, la empresa encaró en octubre de 2026 la compra de iPlan por aproximadamente US$ 260 millones, expandiendo masivamente su control de la fibra óptica. Este movimiento reabre interrogantes sobre la concentración del mercado y la procedencia del financiamiento. No es una práctica aislada: en 2023 se benefició con una cuestionada medida de ENACOM para operar como Proveedor Móvil Virtual utilizando las redes de otras operadoras, sumado a cautelares judiciales como la de 2014 para retener frecuencias y adjudicaciones estatales como el contrato por $18 millones vinculado a Telenet S.A.

El entramado de negocios familiares expande sus tentáculos más allá de las telecomunicaciones hacia áreas altamente lucrativas y poco fiscalizadas. A través de sociedades como Polo del NOA S.A. en el desarrollo inmobiliario y FacilCred S.A. en el sector financiero, los Pierri diversifican las ganancias obtenidas en el mercado de conectividad. Esta estructura cruzada permite canalizar flujos de capital entre sus propias firmas, reduciendo riesgos fiscales y consolidando un blindaje económico que fortalece el control absoluto de la dinastía sobre cada eslabón productivo de su grupo empresarial.

La falta de transparencia en la conducción de sus medios masivos, como Canal 26, refuerza esta estrategia de poder y protección corporativa. Con su hijo Martín Pierri a cargo de la producción de programas claves y Silvina maniobrando en el área ejecutiva, la pauta publicitaria y los recursos del grupo operan al servicio de sus propios intereses económicos. La cobertura periodística sesgada y el uso de sus señales televisivas para presionar a gobiernos de turno completan el círculo perfecto de un clan que utiliza la influencia mediática y la impunidad regulatoria como escudos frente a las demandas de sus usuarios.

La trayectoria de la familia Pierri refleja cómo el poder político de los noventa se recicló en un entramado corporativo infranqueable. La combinación de servicios defectuosos, sanciones millonarias, vínculos regulatorios sospechosos y contrataciones públicas bajo la lupa dibuja la radiografía de un monopolio que prospera a costa de los usuarios. Auditar sus balances societarios, el cumplimiento efectivizado de sus multas y la transparencia de sus contratos con el Estado resulta urgente para desarmar la impunidad con la que opera este feudo empresarial.