Tras casi siete años al frente del municipio de Moreno, la gestión de Mariel Fernández expone una grieta irreparable entre el discurso oficialista y la realidad bajo el agua. Entre promesas millonarias de saneamiento, licitaciones opacas y la proliferación de desarrollos inmobiliarios en zonas vulnerables, los vecinos de Cuartel V, Paso del Rey y Moreno Norte siguen atrapados en la misma trampa: cada lluvia convierte al distrito en una catástrofe evitable.

En octubre de 2026, el Municipio desplegó su habitual libreto publicitario al anunciar trabajos en la calle La Música y la Ruta Provincial 25. Sin embargo, estas intervenciones puntuales actúan como parches electorales que jamás resuelven la crisis de fondo. Ejemplos sobra: en 2021 se anunciaron más de 559 millones de pesos para el arroyo Los Perros y en 2024 una obra en Parque Paso del Rey para 40.000 personas, pero miles de familias siguen inundándose.

El discurso oficial suele resguardarse en la excepcionalidad climática para justificar el desastre, pero los datos desmienten la coartada municipal. El 15 de mayo de 2025, una tormenta de 112 milímetros dejó más de 450 llamadas de auxilio por anegamientos. La falta de un plan sistemático de limpieza previa en sumideros y arroyos, sumada a la ausencia de un mapa de riesgo actualizado, demuestra la incapacidad operativa de un Estado comunal desmantelado.

Mientras los barrios populares se hunden, la expansión urbana sin control se transformó en un lucrativo negocio. La creación del Monitoreo Urbano Inmobiliario (MUI-MO) en diciembre de 2024 y las posteriores actuaciones del IDUAR en loteos como Brisas del Oeste representan la confesión explícita de que el caos inmobiliario se le fue de las manos a la gestión, dejando al descubierto la falta de controles hidráulicos previos.

El turbio expediente del Barrio Lihue y el uso de tierras en el Parque Los Robles constituye el punto más oscuro de esta trama. Denuncias periodísticas y administrativas señalan la falta de estudios de impacto ambiental y la entrega irregular de certificados de no inundabilidad. De confirmarse que la gestión toleró estas obras violando exigencias de la Fiscalía de Estado, la responsabilidad de Fernández pasará de la ineficiencia a la complacencia.

El argumento del ahogo financiero se desmorona por completo al revisar los números oficiales aprobados para el Ejercicio 2026. Con un presupuesto de $481.595 millones para la Administración Central, $11.489 millones para el IMDEL y $7.633 millones para el IDUAR, resulta inaceptable la precariedad de las calles. Cerca de medio billón de pesos no alcanzan para disimular la arbitraria distribución territorial que margina a las localidades periféricas.

Las contrataciones de obra pública en la era Fernández también acumulan severas sombras de opacidad. La Licitación Pública N.º 15/2025 para el desagüe de la calle Argentinidad, convocada por más de $173 millones, es un caso testigo. El Municipio esconde quiénes resultan adjudicatarios, qué empresas o cooperativas cobran los certificados y si existe una real supervisión de ingenieros hidráulicos matriculados en las obras.

Es innegable que Moreno arrastra tres décadas de postergación bajo gobiernos peronistas, pero tras asumir en 2019 y reelegir en 2023, Fernández ya lleva casi siete años continuados en el poder. La intendenta agotó el margen para culpar a la herencia recibida o a factores externos. Tras años de recursos récord y promesas incumplidas, la contundencia del fracaso queda a la vista en cada casa que vuelve a llenarse de barro.