El plan privatizador del presidente Javier Milei constituye el desguace más violento y desaprensivo del Estado argentino en décadas, una política deliberada de desinversión ejecutada para regalar activos neurálgicos a precios vil. Bajo la coartada de un supuesto equilibrio fiscal, la gestión libertaria consumó operaciones por USD 1.081 millones que huelen a saqueo: la metalúrgica mendocina IMPSA fue entregada a la estadounidense ARC Energy por la miseria de USD 27 millones, un valor ridículo frente a su real capacidad tecnológica y su rol clave en la industria pesada y nuclear.

Las joyas hidroeléctricas del Comahue (Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón y Cerros Colorados) se liquidaron por apenas USD 700 millones, cuando su valor de reposición y renta histórica multiplica exponencialmente esa cifra. A esto se suma la privatización del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) por un irrisorio monto de US$ 340,2 millones y Citelec-Transener, transferida por USD 356 millones (en una maniobra donde los propios compradores fagocitaron dividendos inmediatos por USD 44 millones), además de la entrega a largo plazo de la Hidrovía Paraná-Paraguay y más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales de Corredores Viales sin un solo peso de inversión estatal directa.

Este festival de entregas incluye hitos que jamás debieron mercantilizarse por cuestiones elementales de seguridad nacional y soberanía. Entregar el control de la red de alta tensión eléctrica (Transener), las fuentes de generación hidroeléctrica del Comahue y las vías navegables troncales del comercio exterior a corporaciones extranjeras y grupos concentrados locales vulnera la autonomía geopolítica del país, dejando infraestructura crítica a merced de intereses ajenos. Lejos de redituar en beneficios para los argentinos, el destino de semejante caudal de dólares acaparados por la administración central es opaco: ni una sola de estas divisas se tradujo en reactivación productiva o sal stave social; la mayor parte fue absorbida mecánicamente para cancelar compromisos financieros con bonistas privados y timbear con el Fondo Monetario Internacional (FMI), vaciando el futuro del país para pagar compromisos de corto plazo.

La incompetencia oficial quedó expuesta con lo que no prosperó, como el papelón de Intercargo, cuya licitación fracasó estrepitosamente sin oferentes válidos ante un precio base inflado de USD 45 millones que evidenció el absoluto desconocimiento técnico del sector aeronáutico por parte de los funcionarios de Economía. En tanto, la lista de lo que falta revela un apetito voraz insaciable: el Belgrano Cargas se encamina a una concesión leonina por medio siglo, y permanecen en la cuerda floja los activos nucleares de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y los gasoductos de Enarsa.

La motosierra libertaria no vino a sanear las cuentas públicas ni a modernizar la economía, sino a consumar un expolio histórico que hipoteca el desarrollo soberano de la Nación para satisfacer un dogma fundamentalista tan ciego como destructivo.

El festín privatizador de Javier Milei no es más que un saqueo vulgar y criminal perpetrado por una administración entreguista que rifa el patrimonio histórico de los argentinos por chirolas. Al regalar activos estratégicos y vías neurálgicas de la seguridad nacional a manos extranjeras, el Gobierno perpetra una felonía imperdonable que hipoteca la soberanía, destruye el tejido industrial y condena a las futuras generaciones a la indigencia económica, consolidando un robo sistemático de los recursos de la patria bajo la cínica complicidad del poder político de turno.