El Gobierno nacional oficializó este martes la desregulación del transporte automotor de larga y media distancia mediante la Resolución Nº 57/2024, publicada en el Boletín Oficial.

La medida, impulsada por los ministerios de Economía y Desregulación y Transformación del Estado, promete modernizar un sistema burocrático de más de 30 años, permitiendo mayor flexibilidad en precios, recorridos y horarios. Sin embargo, su implementación no está exenta de polémicas.

Por un lado, se destacan los beneficios de la desregulación. Según el secretario de Transporte, Franco Mogetta, este cambio reemplaza un modelo rígido por un sistema digital y gratuito que agiliza los trámites y fomenta la competencia.

A través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), los transportistas podrán registrar sus vehículos y conductores en apenas cinco días hábiles, un proceso que antes podía tardar hasta un año.

Por otro lado, el foco en la eficiencia y la apertura de mercados no ha solucionado problemas históricos, como el incumplimiento del cupo de pasajes gratuitos para personas con discapacidad. A pesar de las sanciones impuestas y la ratificación judicial de esta obligación, muchas empresas continúan sin garantizar este derecho básico.

Si bien el Gobierno promete avanzar con nuevas sanciones, cabe preguntarse: ¿puede una política orientada principalmente al mercado garantizar también los derechos de los sectores más vulnerables? La flexibilización es un paso hacia la modernización, pero no debe ser a costa de los principios de accesibilidad e inclusión que debería sostener cualquier sistema de transporte público.

El desafío ahora es equilibrar esta nueva libertad operativa con el cumplimiento estricto de las normativas de seguridad, accesibilidad y derechos sociales. La modernización no puede convertirse en una excusa para olvidar a quienes dependen del transporte para ejercer su plena ciudadanía.