Una compleja trama de alianzas políticas quedó al descubierto en el Congreso Nacional, luego de que se frustrara una sesión en la Cámara de Diputados para investigar la polémica visita de dos diputadas libertarias a Alfredo Astiz, un genocida condenado por crímenes de lesa humanidad.
La maniobra, que habría sido producto de un acuerdo secreto entre el peronismo y los libertarios, consistió en la negativa de ambos bloques a dar quórum, lo que impidió que se trataran los proyectos de resolución que condenaban la visita y proponían la creación de una comisión investigadora.
Según revelaron fuentes parlamentarias, el acuerdo entre ambos bloques habría sido orquestado por Santiago Caputo, un estrecho colaborador del gobierno nacional. El primer indicio de esta alianza se observó cuando la diputada libertaria Marcela Pagano se reunió con legisladores peronistas para buscar una salida a la delicada situación.
El acuerdo quedó en evidencia durante la sesión fallida, cuando el bloque peronista se negó a dar quórum y el presidente de la Cámara, Martín Menem, un aliado de los libertarios, se mostró complaciente con la situación. Incluso, el jefe del bloque peronista, Germán Martínez, habría propuesto retirar sus propios proyectos de investigación a cambio de apoyo a otras iniciativas.
La falta de quórum fue justificada por diversos motivos, como la avería de los ascensores y la falta de interés de los legisladores en debatir temas considerados "identitarios". Sin embargo, las fuentes consultadas por LPO aseguraron que la verdadera razón fue el acuerdo secreto entre ambos bloques.
Este acuerdo, según analistas políticos, beneficia a ambas partes:
La revelación de este pacto ha generado un fuerte rechazo en la opinión pública y en el ámbito político. Organizaciones de derechos humanos y referentes de distintos sectores han condenado la actitud de los legisladores involucrados, acusándolos de priorizar intereses partidarios por encima de la justicia y la memoria.
Las consecuencias de este acuerdo podrían ser múltiples:
La revelación de este pacto secreto pone de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia y control en la actividad política. Es fundamental que los ciudadanos estén informados sobre las decisiones que toman sus representantes y que puedan exigirles que actúen con responsabilidad y ética.
El acuerdo secreto entre el peronismo y los libertarios para evitar investigar la visita de dos diputadas a un genocida es un hecho grave que pone en evidencia la fragilidad de nuestras instituciones y la necesidad de una mayor vigilancia ciudadana. Este pacto no solo representa una traición a la memoria de las víctimas de la dictadura, sino también una amenaza para la democracia.
