En un episodio sin precedentes en la historia democrática reciente de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se acogió a su derecho a no declarar este martes, en el marco de la investigación judicial en la que su esposa, Begoña Gómez, está imputada por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La declaración, que se llevó a cabo en el Palacio de la Moncloa, ha suscitado controversia y ha llevado a que el partido de ultraderecha Vox presente una querella contra Sánchez, el ministro Félix Bolaños y el abogado general del Estado, David Vilas Álvarez.

El presidente compareció este miércoles ante los medios para expresar su indignación, calificando la situación como un "no caso" motivado por la frustración política de la oposición. "Se han atropellado derechos que vienen reconocidos en la institución de la Presidencia", señaló Sánchez, quien aprovechó para destacar la confianza de los inversores en la economía española. Asimismo, criticó a la oposición por no presentar alternativas políticas, sugiriendo que utilizan este caso como una estrategia política.

Por su parte, Marta Castro, coordinadora jurídica de Vox, criticó la falta de oportunidad para interrogar a Sánchez, insinuando que el presidente podría estar protegiendo a su esposa. Desde el Gobierno, fuentes han expresado su indignación, considerando la causa como infundada y con fines políticos.

Nuestra ambición es no dejar de avanzar.

Mientras sigamos defendiendo los intereses de la mayoría frente a los de una minoría privilegiada, nuestro Gobierno tiene sentido, utilidad y fuerza para continuar.

Vienen tres años más de avances. Cumplimos y cumpliremos. pic.twitter.com/kXURWxaknj

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 31, 2024

El abogado de Begoña Gómez destacó que la declaración de Sánchez, de tan solo dos minutos, fue una formalidad en la que se limitó a acogerse a su derecho a no declarar. El juez Juan Carlos Peinado había rechazado la solicitud de Sánchez de declarar por escrito, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que añadió un elemento de tensión a un proceso ya de por sí controvertido.

Este evento marca la quinta ocasión en la que un presidente del Gobierno de España comparece judicialmente durante su mandato, pero es la primera vez que lo hace en su residencia oficial. La situación sigue evolucionando, con una creciente expectación sobre cómo se desarrollarán los procedimientos legales y políticos en torno a este caso.