Una gran controversia se ha desatado ante la propuesta de derogación de las moratorias previsionales en el marco del borrador de la nueva Ley Ómnibus.

Este artículo, de ser aprobado, invalidaría el mecanismo utilizado por unas 800.000 personas para jubilarse sin cumplir con los 30 años de aportes requeridos por las normativas previsionales.

El borrador de la ley, que lleva por título “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, propone la derogación de la Ley N° 27.705, la normativa que actualmente regula el plan de pago de deuda previsional.

Esta ley, impulsada por La Cámpora, estableció el sistema que permite a personas que no califican para la jubilación acceder a ella.

La moratoria vigente permite regularizar los períodos de aportes no realizados hasta diciembre de 2008 mediante un plan de pagos extendido en hasta 120 cuotas.

Este acuerdo se gestiona con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), y las cuotas se descuentan directamente del monto de la jubilación.

Sin embargo, desde el Gobierno de Javier Milei, se considera que estas moratorias debilitan el sistema previsional al sumar beneficiarios sin fuentes de financiamiento adecuadas.

En su discurso de apertura de sesiones del Congreso, Milei mencionó la necesidad de una reforma previsional que garantice la sustentabilidad del sistema y respete a quienes realizaron aportes, además de permitir la opción de suscribirse a un sistema privado de jubilación.

En caso de que se apruebe la derogación propuesta, quienes no cumplan con los requisitos legales para jubilarse solo podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de una jubilación mínima.

Expertos señalan que la derogación no afectaría los derechos adquiridos por quienes ya obtuvieron la jubilación vía moratoria en el pasado. Sin embargo, esto generaría incertidumbre y preocupación entre aquellos que planeaban acogerse a este sistema en el futuro.

El abogado previsionalista Adrián Tróccoli destacó que la derogación tendría un efecto inmediato en quienes aún no han cumplido la edad para jubilarse, afectando especialmente a las mujeres que podrían cumplir la edad antes de marzo.

Esto dejaría a muchas personas sin la posibilidad de jubilarse anticipadamente y las obligaría a esperar hasta los 65 años para acceder a la PUAM.