A través de la Resolución General 13/2024 de la Inspección General de Justicia, el Gobierno Nacional dejó sin efecto diversas disposiciones relacionadas con la paridad de género en entidades jurídicas, establecidas durante la gestión de Alberto Fernández. Entre las medidas derogadas se encuentran las resoluciones generales 34/2020, 35/2020, 42/2020 y 12/2021.

La resolución 34/2020, emitida en agosto de 2020, requería que asociaciones civiles, sociedades anónimas, fundaciones y otras entidades similares tuvieran igual cantidad de hombres y mujeres en sus órganos de dirección o fiscalización. En casos de número impar de puestos, se exigía una composición mixta con al menos un tercio de mujeres.

El titular de la Inspección General de Justicia, Daniel Roque Vitolo, defendió la derogación, argumentando que el Estado no debe imponer la composición de los órganos de las personas jurídicas, ya que estas poseen libertad constitucional para decidir. Además, destacó que las medidas fueron impugnadas judicialmente y declaradas inválidas.

El ex titular del organismo, Ricardo Nissen, criticó la medida, calificándola como un retroceso y destacando la importancia de la paridad de género en instituciones como los clubes sociales. En contraposición, Vitolo afirmó que la derogación respeta los fallos judiciales y demuestra el respeto a la institucionalidad.

La medida ha generado polémica y refleja la división de opiniones en torno a la paridad de género en los órganos directivos de las personas jurídicas en Argentina.