El gobierno de la provincia de Salta, a principios de marzo, emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para comenzar a cobrar por la atención médica brindada a extranjeros que no son residentes en Argentina. Esta iniciativa posteriormente fue ratificada mediante una ley. Desde la implementación de esta medida, se ha observado una notable disminución en el número de pacientes que acuden a los hospitales públicos provinciales.

El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, explicó en declaraciones a Radio con Vos que anteriormente los hospitales solían estar abarrotados de pacientes, pero ahora la situación ha cambiado drásticamente. En la ciudad de Orán, por ejemplo, el mes pasado se atendieron alrededor de 3,300 pacientes, mientras que actualmente solo se atienden alrededor de 60. Mangione calculó que, de haberse cobrado una consulta a cada uno de estos pacientes, el ingreso potencial habría superado los 23 millones de pesos.

El ministro destacó que en Argentina, y especialmente en Salta, se cuenta con un sistema de salud pública de alta calidad. En este sentido, cuestionó la noción de reciprocidad en la atención médica, señalando que ningún argentino viajaría a Bolivia para recibir atención médica debido a los altos costos que ello conllevaría.

La medida implementada implica que los extranjeros no residentes deben pagar por los servicios médicos recibidos, calculados según los valores establecidos por el Instituto Provincial de la Salud. Sin embargo, Mangione enfatizó que las urgencias médicas no se niegan y que los pacientes en riesgo de vida siempre recibirán atención, independientemente de su nacionalidad o situación financiera.

El ministro también mencionó la reducción de fondos transferidos desde el Gobierno nacional, lo que ha llevado a la provincia de Salta a implementar diversas medidas para compensar esta pérdida de ingresos.

En cuanto a las críticas sobre la posible discriminación o xenofobia asociada al cobro de servicios médicos a extranjeros, Mangione defendió la medida, argumentando que no se trata de discriminar, sino de garantizar la sostenibilidad del sistema de salud y asegurar que los recursos estén disponibles para quienes más los necesiten, independientemente de su nacionalidad.