La provincia de Santa Cruz se ve sacudida por un escándalo que involucra sabotajes al suministro público de agua potable en la ciudad de Caleta Olivia, presuntamente orquestados por una organización delictiva vinculada al kirchnerismo. El gobernador Claudio Vidal denunció esta situación y ordenó una investigación exhaustiva, exigiendo la renuncia de los directivos de la empresa estatal Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE).

Según Vidal, estos sabotajes consistían en cerrar las llaves de distribución de agua para apropiarse del suministro y venderlo de forma privada a través de camiones. Este accionar ilícito habría estado ocurriendo durante años, aprovechando la infraestructura pública para beneficio privado.

La respuesta del gobierno provincial ha sido contundente, con medidas como el control total y la custodia de las llaves y válvulas de los acueductos, así como la implementación de soluciones urgentes para garantizar el suministro de agua a la población afectada. Además, se han tomado acciones legales contra los responsables de estos actos delictivos.

Paralelamente, Santa Cruz ha dado un paso significativo hacia la derogación de la Ley de Lemas, un sistema electoral criticado por distorsionar la voluntad popular. El proyecto presentado por el Ejecutivo Provincial recibió la aprobación de la Comisión de Asuntos Constitucionales, aunque enfrentó resistencia por parte del diputado de Unión por la Patria, Eloy Echazú. La intención del oficialismo es aprobar esta derogación en la próxima sesión legislativa, como parte de los compromisos de campaña del gobernador Vidal y el vicegobernador Fabián Leguizamón.

Estos acontecimientos revelan un panorama de turbulencia política y corrupción en Santa Cruz, pero también reflejan la determinación del gobierno provincial de combatir la impunidad y promover reformas democráticas para fortalecer la institucionalidad en la región.

Fuente: infobae.com