La propuesta de una nueva Ley de Góndolas en la provincia de Buenos Aires ha generado un intenso debate entre el gobierno provincial y los supermercados. Mientras el gobierno busca fomentar la competencia y dar más espacio a las pymes, los supermercados advierten sobre las consecuencias negativas de esta medida, tanto para los consumidores como para las propias empresas.

A pesar de que la presentación oficial del proyecto fue suspendida, la iniciativa sigue avanzando en las comisiones legislativas. Sin embargo, el rechazo del sector supermercadista es cada vez más fuerte. Asociaciones como la ASU, CAS y FASA han expresado su preocupación por los posibles impactos negativos de la ley, argumentando que:

• Limita la libertad de comercio: La obligación de incluir un mínimo de proveedores por producto restringe la autonomía de los supermercados para decidir qué productos ofrecen a sus clientes.
• Perjudica a los consumidores: Al limitar la oferta, la ley podría reducir la variedad de productos disponibles y aumentar los precios.
• Es impracticable: Los supermercados advierten que controlar y gestionar un mayor número de proveedores y productos sería logísticamente complejo y costoso.
• No garantiza el éxito de las pymes: Las pymes necesitan más que solo espacio en las góndolas para ser competitivas. Requieren apoyo en áreas como financiamiento, capacitación y logística.

Por su parte, el gobierno bonaerense defiende la ley argumentando que busca generar más competencia y oportunidades para las pymes. Sin embargo, los supermercados señalan que existen otras formas de apoyar a las pequeñas empresas, como beneficios fiscales, líneas de crédito y programas de capacitación.

La polémica se intensifica en un contexto económico complejo, donde los consumidores buscan cada vez más opciones y precios competitivos. La implementación de una ley de estas características podría generar incertidumbre y afectar negativamente a toda la cadena de valor.

En definitiva, el debate sobre la Ley de Góndolas en la provincia de Buenos Aires pone de manifiesto la tensión entre la necesidad de proteger a las pymes y la importancia de garantizar un mercado competitivo y eficiente. Será fundamental encontrar un equilibrio que beneficie a todos los actores involucrados.