La Legislatura bonaerense cerró el año 2023 con la aprobación de dos leyes cruciales para el gobernador Axel Kicillof: la Fiscal Impositiva y el Endeudamiento. Sin embargo, este logro no llegó sin costos significativos para el Ejecutivo.

El voto favorable de radicales, amarillos y libertarios “acuerdistas” representó una victoria para los intendentes, quienes aseguraron un fondo de 116.000 millones de pesos para distribuir entre los 135 jefes comunales.

No obstante, la relación entre radicales y amarillos se volvió tensa debido a la forma en que se distribuirían esos fondos. Los alcaldes y legisladores amarillos acusaron a sus antiguos socios radicales de haberles hecho una jugada, afirmando que el acuerdo no cumplía con lo pactado.

Los alcaldes, junto con legisladores del PRO, señalaron que el acuerdo original contemplaba una distribución basada en una fórmula mixta (CUD más ingresos), pero se implementó una fórmula diferente, utilizando únicamente el CUD anterior. Esto generó malestar entre los distritos grandes, gobernados mayormente por el PRO, como Mar del Plata, Vicente López, San Nicolás, Junín o Pergamino.

Tras la votación, los alcaldes amarillos expresaron su preocupación por la fórmula adoptada, que perjudicaba a los distritos más grandes. Esto llevó al oficialismo a negociar un acuerdo con los alcaldes y negociadores legislativos del PRO para modificar la forma de repartir el Fondo.

Se presentó un proyecto de ley para reformular el cálculo de distribución, que será discutido en la Comisión de Presupuesto. El cambio de fórmula comenzaría a aplicarse a partir de la segunda cuota del Fondo.

Ante esta situación, los radicales, liderados por Diego Garciarena, amenazaron con tomar medidas drásticas, como no asistir a la sesión programada para hoy. La tensión en la Legislatura es palpable, con diversas facciones buscando proteger los intereses de sus respectivos distritos.

Fuente: latecla.info