"Dada la gravedad institucional de los hechos que originan el presente incidente y sin perjuicio del tiempo que demande su tramitación, corresponde en justicia, sin más, ordenar la inmediata libertad de Cristian Isidoro Jesús Medina ya sea a través del cese de la prisión preventiva o bien otorgándole su excarcelación". En cincuenta palabras que forman parte de una pieza procesal la defensa del hijo de Juan Pablo "El Pata" Medina, solicitó (entre otros requerimientos) que se dicte la inmediata libertad de Puly Medina y que se anule la causa en su contra.

En el documento judicial, tras la difusión del contundente video, la defensa del exsindicalista denunció que se está ante un "hecho nuevo que revela gravedad institucional y que, por consecuencia, nos conmina a promover el presente incidente de nulidad y a solicitar, sin perjuicio del tiempo que demande su trámite, la inmediata libertad" del Puly Medina "ya sea por la vía excarcelatoria o bien decretando el cese de la prisión preventiva que viene cursando".

Para los abogados se trata de una “causa armada” y basaron su planteo en el video donde se ve al exministro de Trabajo Marcelo Villegas, al exviceministro de Justicia Adrián Grassi, al exministro de Infraestructura Roberto Gigante, al actual senador provincial Juan Pablo Allan, al intendente de La Plata Julio Garro, junto a empresarios y agentes de inteligencia que se "confabularon" para "constituir prueba apócrifa a efectos de dar sustento a una causa penal en contra, entre otros, de Cristian Medina".

En ese encuentro presuntamente desarrollado en una sede del Banco de la Provincia de Buenos Aires, el exministro Villegas refirió: "El esquema es el siguiente, necesitamos preconstituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial. Esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de lo laboral o más que laboral, desde el punto de vista de las amenazas y todas palabretas. Se impulsa con los testimonios de unas diez personas, que nosotros ya estamos trabajando sobre ellos. Con las presentaciones que ustedes nos hagan como instituciones, se le da volumen a una instancia judicial a partir de la cual, la fiscal con todo el soporte de la Procuración General tiene que instar medidas para generar más volumen y el juez aprobar esas medidas".

"Hemos chequeado con la Procuración, fiscalía y con el juez, que eso va a funcionar. Hemos tenido el recaudo de tomar como primera medida asegurarnos la cuestión judicial. No estaríamos a este nivel hablando con ustedes como mínimo dos ministros, un viceministro de justicia y senador del gobierno nacional sino tuviésemos asegurado la cuestión judicial", sostiene en otro pasaje del video el exfuncionario provincial y hasta agrega: "A esto lo voy a desmentir. Pero si tuviera la Gestapo para ir contra el curro de los gremios, lo haría. Pero las leyes son las leyes". Para la defensa de Medina hijo esto "pone en franca evidencia la metodología utilizada por el gobierno provincial de aquella época de recurrir a cualquier medio –aún ilegal-, para lograr el objetivo de encarcelar, en este caso, a nuestro asistido".

Tras realizar un análisis pormenorizado los abogados defensores consideraron que "se desprende con meridiana claridad la ilegalidad de las pruebas que dieran origen a la investigación y que, con posterioridad, fueran base no solo de las órdenes de allanamiento y secuestro, sino de lo que aún resulta más grave, del dictado del auto de procesamiento con prisión preventiva".

En ese sentido remarcaron que la prueba central para sostener la acusación "está constituida por las notas remitidas por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (…), las declaraciones testimoniales de quienes suscribieran dichas notas y la declaración testimonial de cerca de diez (10) testigos de identidad reservada". "Respecto a estos últimos –a no dudarlo- son aquellos que el Ministro refirió haber estado manejando", agregan en el escrito. Las notas, "son aquellas que les requirió a los empresarios en la reunión que se ha hecho pública, las cuales, fueron confeccionadas de acuerdo a las indicaciones que les diera en la reunión", sostienen y añaden que, "particularmente, recomendó Villegas la utilización de las palabras extorsión y amenazas".

Los abogados, rápidos de reflejos, cuestionaron la legalidad en la obtención de pruebas contra su asistido. No las niegan, pero aseveran que su producción fue ilegal. "Así pues, fruto de la ilegalidad con el que se han obtenido y fabricado las pruebas –germen de la investigación- se han vulnerado los derechos constitucionales atinentes a la defensa en juicio y al debido proceso" previstos en la Constitución Nacional.

Montone y Di Nardo aseveraron que "no cabe duda que en el proceso penal se deben hacer operativas las garantías constitucionales de suerte que se debe privar de valor, no solo a las pruebas que constituyan el corpus de su violación, sino también aquellas que sean consecuencia necesaria e inmediata de ellas, descalificando así tanto sus quebrantamientos palmarios o evidentes como los larvados o encubiertos". En función de esto la defensa requirió formalmente la nulidad de todo lo actuado e invocaron la “doctrina de la llamada ‘exclusionary rule’ o de exclusión de la prueba mal incorporada o mal obtenida y la consecuencia inmediata de esta, que es la del fruto del árbol envenenado o ‘fruit of the poisonous tree’, que determina que todas las pruebas que derivan de una otra que ha sido mal adquirida o incorporada al proceso sufren también la misma condición de nulas”.

Como medidas de prueba la defensa del exgremialista de UOCRA La Plata solicitaron que se le pida a la AFI una “copia auténtica del video de la reunión llevada a cabo el 15 de junio de 2017, en la que el ex Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires Marcelo Villegas y otros funcionarios de la gestión de María Eugenia Vidal, mantuvieran con empresarios platenses de la construcción” que se le requiera al Juzgado Federal de La Plata que interviene en la causa una “copia de la causa originada por denuncia de la AFI”.

El planteo debe ser resuelto por el Tribunal Oral Criminal Federal 2 de La Plata donde está radicada la causa en la que los Medina (padre e hijo) fueron procesados por asociación ilícita y extorsión, entre otros delitos. Fuentes: visionpolitica.info y 0221.com.ar