Rubén Orlando “El Tucumano” Herrera, exlíder de la barra brava de Estudiantes de La Plata, recuperó la libertad, luego de estar detenido tres años y cuatro meses en el marco de la denominada causa “Megabanda judicial” o “La banda de los jueces”. La medida fue dictada por la Sala de Feria de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata al hacer lugar a un hábeas corpus presentado por el abogado Marcelo Peña, defensor del acusado.

Para mantener el beneficio de la excarcelación los camaristas establecieron que Herrera tiene prohibido salir del país, también tiene vedado mantener contacto por cualquier medio con los demás coimputados de la causa, debe dar aviso a la autoridad jurisdiccional de cualquier conducta que requiera su permiso y presentarse cada quince (15) días ante el órgano judicial de grado.

Herrera fue detenido a fines de agosto de 2018. En la misma redada cayeron el exjuez de Garantías César Ricardo Melazo y Enrique “Quique” Petrullo, quienes permanecen detenidos y se presentarán como querellantes en la causa de espionaje que tiene en la mira a la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Melazo ya es particular damnificado en un expediente por espionaje que tiene en la mira al exministro de Seguridad, Cristian Ritondo.

La misma Sala de Feria es la que este miércoles rechazó la apelación presentada contra la denegatoria de excarcelación al exjuez Melazo, detenido en el penal de Ezeiza. Los camaristas Dalto y Benavides confirmaron la resolución dictada por los jueces Santiago Paolini, Silvia Hoerr y Andrés Vitali, que integran el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata. Esa resolución fue apelada a la Cámara por la defensa del imputado, a cargo de los abogados Christian Romano y Juan Pesquera.

En su voto, el camarista Dalto dijo “el tiempo de privación de la libertad (3 años y 4 meses) que viene cumpliendo Melazo no resulta desproporcionado ni irrazonable”, porque “continúan vigentes los peligros procesales oportunamente evaluados”. También explicó que el procesado “se encuentra imputado y citado a juicio oral en orden a la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita -atribuyéndosele el rol de jefe-, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional -9 hechos-, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil -6 hechos-. Con lo cual, en forma preliminar, se advierte que las postulaciones realizadas por los defensores en función de la escala penal que entienden aplicable es desacertada; no siendo éste el momento procesal para discutir la calificación legal -como pareciera insinuarse-”.

“En ese orden de ideas -agregó- también yerran los señores defensores al entender que, de acuerdo con la imputación que pesa sobre el exjuez, la escala penal comenzaría en tres años de prisión. Al respecto, ya me he expedido, expresando: ‘aprecio que el peligro procesal de fuga se manifiesta con especial entidad, considerando la gravedad y pluralidad de delitos atribuidos, las características del hecho encuadrado en los términos del artículo 210 del Código Penal y el rol presuntamente ejercido por el causante en el marco de la asociación ilícita, así como la magnitud de la pena en expectativa resultante del concurso de los ilícitos endilgados; la cual parte de un mínimo de cinco años de prisión en razón de atribuírsele el rol de jefe de la asociación, tal como fue elevada la causa a juicio’”.

La causa comenzó en el 2014 cuando la fiscal de La Plata Betina Lacki promovió investigar el crimen de Juan Roberto Farías, que ocurrió el 1 de diciembre de 2010, en 44 entre 26 y 27). Al primer fiscal, Tomas Moran, lo desplazaron después de que uno de los acusados, Javier Ronco, denunció que le había pedido 30 mil dólares para desligarlo de la causa, a través de un abogado de La Plata.

Moran es uno de los funcionarios que terminó procesado (fue detenido y permanece con arresto domiciliario) en una instrucción que se desprendió de la “megacausa”. La hipótesis de Lacki es que Farías cayó bajo “fuego amigo” unos meses después de un espectacular escruche en la casa del director técnico de fútbol Roberto Zapata, en 13 entre 70 y 71, que los líderes de la banda habían ordenado “no tocar”.

El robo sucedió cuando Zapata y su familia festejaban un cumpleaños en un salón del centro de La Plata, entre cuyos invitados estaba Melazo, según consta en la causa judicial a la que accedió este medio en varias oportunidades.

PROTAGONISTAS

Dos jueces, un ex fiscal, policías, lobistas, simuladores, sicarios, narcos y delincuentes. Todos esos rubros figuran en la currícula de la banda mixta con presunta protección judicial que operaba en La Plata y fue desbaratada luego de 18 allanamientos.

Además de los ya mencionados, fueron detenidos y procesados el ex comisario de la Segunda de La Plata, Gustavo Abraham Bursztyn; el ex policía Gustavo Gregorio Mena; Javier Maximiliano Ronco (quien estaba con domiciliaria por el doble crimen de una pareja en el “Camino Negro”); Ángel Custodio “Pipi” Yalet; el ex policía Adrián Oscar “Quichua” Manes; Héctor Alfredo “Pepe” Vega; y Carlos Jorge Bertoni (hermano del ex futbolista, Daniel).

Martín Ezequiel “Gaucho” Fernández, Carlos “Macha” Barroso Luna, Marcos Chiusaroli, fueron liberados durante el proceso pero enfrentarán el juicio; mientras que Jorge Gómez de Saravia, alias “El Fiscal”, fue sobreseído. En una entrevista había adelantado que se trataba de una causa son trasfondo político.

La fiscal también pidió, en su momento, la detención a otro de los vinculados a la causa, el ex integrante de la Sala V del tribunal de Casación, el juez Martín Ordoqui, pero no se concretó porque el magistrado tiene fueros y ahora enfrenta un jury. También fue detenida durante varios meses su ex pareja.

El expediente tiene fecha de inicio de juicio para fines del año 2024, pero una resolución de Casación ordenó el Tribunal Oral Criminal II de La Plata, ordenó que se adelante para marzo de 2022 como plazo máximo. Fuentes: lamovidaplatense.com y 0221.com.ar